La reunión de la comisión se desarrolló en el salón Montevideo, presidida por el macrista Helio Rebot. El decreto, que está en vigencia desde que Mauricio Macri lo anunciara, y que debe ser ratificado o rechazado dentro de los 30 días desde la fecha de promulgación, establece que "corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de los medios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad".

En busca de los 31 votos necesarios para aprobar la iniciativa en el recinto (el macrismo tiene 26 votos propios más tres aliados), desde el PRO adelantaron su voluntad de realizar las reformas a los puntos más cuestionados del DNU por la oposición. Puntualmente, lo pactado contempla la aprobación del texto redactado por Macri en la sesión del jueves 30 de mayo y seguidamente la sanción de una ley "correctiva" del DNU en la que se contemplen las modificaciones acordadas y que podrían enmarcarse en un proyecto que redactó el diputado de Proyecto Sur Julio Raffo.

En defensa de la iniciativa, Rebot aseguró que "este decreto va a trascender a Mauricio Macri y va a proteger en el futuro a los periodistas cualquiera sea su opinión". Además, dijo que "no pretendemos con esto tener de ninguna manera la propiedad de la verdad sino establecer regulaciones institucionales". También se manifestó a favor el legislador de la Coalición Cívica Fernando Sánchez, quien consideró que "dada la situación de debilidad de libertad de expresión producto de las decisiones del gobierno nacional de instar a un discurso único en los medios, el DNU tiene que llevarse adelante". Sin embargo, aclaró que apoyará "un escrito alternativo que aborde cuestiones que no fueron contempladas y corrija los errores".

Por su parte, el legislador kirchnerista Juan Cabandié cuestionó la iniciativa del PRO al afirmar que "es un mamarracho y una vergüenza que sigue los lineamientos de (Héctor) Magnetto y del Grupo Clarín". "Están defendiendo un monopolio y lo que hacen desde el PRO es gatillar la última bala que le queda a Clarín", agregó el legislador. También desde el Frente para la Victoria, María José Lubertino aseveró que el decreto de Macri "es de gran oportunismo político, un disparate jurídico y de gravedad institucional".

El diputado Pablo Bergel, de Proyecto Sur, recordó que "hace 15 días, la libertad de expresión fue gravemente comprometida por la represión de la Policía Metropolitana contra trabajadores de prensa durante los hechos del hospital Borda". La diputada Claudia Neira, del bloque Buenos Aires 20/21, también rechazó el decreto: "Que el PRO sostenga que estamos frente a un DNU porque existe una emergencia es de una gravedad inusitada que preocupa", argumentó. "Hay que pensar si queremos que la Ciudad esté al margen del país y que haya leyes nacionales que no se puedan aplicar en el distrito. Hagamos un esfuerzo por no retroceder 200 años y porque no prime la libertad de empresa por la libertad de prensa", agregó.

En tanto, los legisladores porteños Alejandro Bodart y Julio Raffo presentaron sendos proyectos alternativos respecto de la defensa de la libertad de expresión. Bodart consideró que "detrás de este debate se encuentra el período electoral" y dijo que "cuesta creer que Macri quiere proteger a la prensa, cuando en el Hospital Borda reprimió a todos, incluyendo periodistas". Añadió que "ninguno de los dos gobiernos", en alusión al nacional y el porteño, "garantizan la libertad de expresión".