Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en "el esclarecimiento de lo ocurrido", renovaron su reclamo en favor de que "la verdad, la memoria y la justicia sean una realidad" y cuestionaron a la Corte, frente a cuya sede cerró la marcha con un "cacerolazo". Este año llegaron al máximo las tensiones con la Suprema Corte de Justicia, luego de los cruces entre el gobierno del presidente José Mujica y el tribunal por la negativa del cuerpo judicial a seguir investigando los crímenes cometidos en la dictadura.

Desde la organización Familiares de Desaparecidos, Ignacio Errandonea lamentó en una conferencia de prensa que en Uruguay exista "una cultura de la impunidad" y cargó las tintas sobre la Suprema Corte, por el fallo del tribunal que en febrero declaró inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, de octubre del 2011, que permitía juzgar a violadores de los derechos humanos.

En Uruguay está vigente desde 1986 la Ley de Caducidad, que otorga impunidad a los crímenes cometidos entre 1973 y 1985, y que fue ratificada por la vía del plebiscito dos veces, en 1989 y en 2009. Sin embargo, hubo intentos por derogar la norma a través del Parlamento, maniobras que también fracasaron porque la ley interpretativa que había aprobado en 2011 la mayoría del Frente Amplio y que encontraba mecanismos para poder investigar algunos de estos crímenes fue declarada "inconstitucional" por la Suprema Corte en febrero.

Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, "sin duda" el foco de esta nueva edición de la marcha está en el accionar de todo el sistema judicial como tal, "más allá de los operadores individuales", porque "desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país". La nieta recuperada habló durante un homenaje a los diputados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, desaparecidos y asesinados.

La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en recuerdo del asesinato en esa fecha de 1976 de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser ultimados.