Tras la presentación, el fiscal Stornelli impulsó la investigación, por lo que Torres solicitó las primeras medidas de prueba. La denuncia se suma a la que ya existe por el Proyecto X de la Gendarmería, que salió a la luz gracias a las denuncias de los trabajadores de Kraft. En paralelo, el Ministerio de Seguridad había iniciado una investigación sumaria y pasó a disponibilidad preventiva a personal de Inteligencia de la Policía Federal.

En la denuncia se recordó que durante una década Balbuena dijo ser periodista y trabajó en la agencia Walsh mientras revistaba como policía federal, hasta que fue separado del cargo por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el pasado 5 de mayo al conocerse la situación.

"Simulando ser 'militante' se ocupó de cubrir periodísticamente la agenda de actividades políticas, a través de la cuales le permitió tener vínculos con distintos referentes y militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos. Incluso realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos", afirma la denuncia presentada por los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola y Gabriel Solano, el expresidente de la FUBA Alejandro Lipcovich, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, entro otros.

Por su parte, Myriam Bregman, abogada del PTS y también querellante en la causa del 'Proyecto X', aseguró que "la infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta social. No estamos ante un caso aislado, cada fuerza tiene su propio grupo de espías; la Policía Federal tiene un cuerpo de mil agentes para estas tareas".

Entre las medidas pedidas al juez figura un detalle de todos los agentes de Inteligencia de la Policía Federal que trabajaron en un mismo período de tiempo que Balbuena.

Mañana, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, marchará desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo para denunciar el espionaje del que son víctimas las organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas y gremiales. Y para denunciar la represión y la criminalización de la protesta.