A pesar del fallo del 13 de marzo de 2012, conocido como “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”, con el que la Corte Suprema de la Nación fijó los lineamientos para llevar adelante los abortos no punibles en el país, contemplados en el artículo 86 del Código Penal, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación declaró por unanimidad inconstitucional la aplicación del aborto no punible.

Así, los camaristas ordenaron a la Provincia que "se abstenga de aplicar las disposiciones de la Resolución del Ministerio de Salud 93 del 30 de marzo de 2012 y su anexo I denominado Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible".

La Cámara consideró que la guía es "inconstitucional" porque contradice la ley provincial 6.222 sobre Salud Pública. Además, apuntó que no respetaría las atribuciones del Estado provincial y tampoco los artículos 4, 19 inciso 1° y 59 de la Constitución de Córdoba, sobre la protección de "la vida de los niños por nacer".

Los argumentos los formuló el camarista Barrera Buteler, a quien una de las partes había recusado sin éxito por vincularlo a una publicación en la que opinaba sobre el aborto no punible y porque pertenece a una entidad vinculada a la Iglesia Católica.

El 13 de abril de 2012 el juez provincial en lo Civil y Comercial de 30° Nominación, Federico Ossola, había dejado en suspenso el acceso a ese derecho en los hospitales provinciales. Desde entonces el procedimiento se concreta en hospitales dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba: el Clínicas y la Maternidad, porque se rigen por procedimiento nacional.