La nueva causa también está atada a la investigación que trata de determinar la responsabilidad de Undargarín en el desvío de fondos públicos para provecho propio, a través de donativos a una entidad de mecenazgo. El juez José Castro, que instruye en un tribunal de las islas Baleares, había imputado a la infanta el 3 de abril, aunque luego suspendió el proceso a petición de la Fiscalía anticorrupción.

La Justicia presume ahora que Cristina cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales, por lo que el juez pidió a la Agencia Tributaria nuevos datos para saber si la infanta cometió fraude fiscal como propietaria de la mitad de Aizoon, la empresa a la que su marido desvió presuntamente fondos públicos y que habría utilizado como pantalla para defraudar a Hacienda.

Urdangarin es sospechoso de haberse apropiado de seis millones de euros (unos 7,8 millones de dólares) junto con su exsocio Diego Torres a través del Instituto Nóos, la organización vinculada al mundo del deporte que ambos crearon oficialmente sin ánimo de lucro.

El magistrado dio estos pasos pese a las informaciones que aparecieron en varios medios españoles, según las cuales un informe realizado por la Agencia Tributaria apunta a que la hija del rey Juan Carlos no habría cometido delito fiscal. Ese informe, no obstante, no estaría aún en manos del juez.

El "caso Nóos", primero con la imputación de Urdangarin y luego con la infanta salpicada por el caso, provocó la peor crisis de la monarquía española en los 37 años de reinado de Juan Carlos.