En dos dictámenes emitidos hoy, la Procuradora sostuvo que la reforma del Consejo de la Magistratura no viola el artículo 114 de la Constitución Nacional, y afirmó que los fallos de inconstitucionalidad de primera instancia se basaron en una interpretación restrictiva de ese artículo "que arrastra consigo una visión más restringida de la democracia". Además, señaló que las resoluciones dictadas por la jueza María Servini de Cubría no contaron con la intervención del Ministerio Público Fiscal, en violación de lo dispuesto por la ley 25.946 para todos los casos de amparo.

Gils Carbó remarcó que la ley aprobada en el Congreso es adecuada para lograr “los fines de desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros”.

“La elección popular prevista por la ley 26.855, así como el incremento de los escaños asignados a los miembros pertenecientes al ámbito académico y científico, vienen a reglamentar el artículo 114 de la Constitución de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno”, aseguró.

Al defender la constitucionalidad de la norma, Gils Carbó afirmó que "la voluntad del constituyente" al ser redactado el artículo 114 de la Carta Magna fue "delegar en el Congreso de la Nación la determinación del sistema de elección de los miembros del Consejo, así como del número de representantes de cada uno de los estamentos que lo componen”.

El dictamen deja en condiciones a la Corte Suprema para que se pronuncie en torno a la convocatoria a elecciones de nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, el próximo 11 de agosto en las elecciones PASO, Esas elecciones fueron suspendidas la semana pasada por dos fallos de la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría, que la semana pasada declaró inconstitucionales los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855 y la resolución 577/13, que convocó a la elección popular de los consejeros. Dos días después, la Corte aceptó el pedido de per saltum formulado por el gobierno y fundada en "razones de urgencia" habilitó fechas para que las partes y la Procuración expresen su postura en 48 horas.