Apenas un día después de la jornada más violenta desde el golpe de Estado que derrocó a Mursi, y pese a la lluvia de críticas de gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos, el Ministerio del Interior egipcio aseguró que "los hombres de la Policía se comprometen a lograr la seguridad y la estabilidad en el país y no permitirán a ningún envidioso que perturbe el ambiente".

Además, el presidente interino, Adli Mansur, emitió un decreto con el que otorga al primer ministro, Hazem Beblaui, la prerrogativa de ordenar a la policía militar la detención de civiles. Este movimiento puede ser interpretado como un paso para incrementar la represión contra los manifestantes partidarios de Mursi.

La Presidencia egipcia lamentó los disturbios en los que murieron 72 manifestantes pero aseguró que se enmarcan en la lucha "contra el terrorismo". El consejero presidencial egipcio para Asuntos Estratégicos, Mustafa Hegazi, dijo a los periodistas que las autoridades "trabajarán con seriedad y fuerza para proteger a los ciudadanos del terrorismo".

En su opinión, lo que pasa actualmente en las calles egipcias "no guarda relación con la discordia política sino que es un problema social que se ha convertido en una guerra del terrorismo contra la sociedad".

"Es imposible calificar estos sucesos de protestas pacíficas", señaló Hegazi en alusión a las manifestaciones de los islamistas que derivaron en choques con la policía.