La orden judicial forma parte de un grupo de documentos proporcionados hoy a los medios por orden del director nacional de inteligencia, James Clapper, en aras de una "creciente transparencia" de las agencias del gobierno, según la versión oficial.

El informe judicial ordena que los "custodiadores de los datos", en referencia a una compañía telefónica no identificada, proporcione a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de forma "diaria" durante la duración de la orden una "copia electrónica (...) de los metadatos telefónicos", en referencia a la información sobre la llamada como el número, fecha y duración, pero no sobre el contenido de las conversaciones o la identidad de los que la efectúan.

Junto a esta autorización judicial, Clapper también desclasificó hoy otros dos informes previamente secretos relacionados con los programas. La acción coincidió con la comparecencia ante el Comité Judicial del Senado del vicefiscal general, James Cole, y del subdirector de la NSA, John Inglis, entre otros, para aclarar cuestiones sobre los controvertidos programas de vigilancia.

Inglis hoy hincapié durante su declaración en el Senado en el hecho de que se trata de recopilar "metadatos" que no afectan al contenido de las llamadas. Otro de los testigos hoy llamados, el ex subsecretario de Seguridad Nacional Stewart Baker, también afirmó que los datos recopilados no suponen un "abuso" y que la información acumulada mediante estos programas "no es una información extraordinariamente sensible", en referencia a que son datos como números de teléfono o duración de las llamadas.

Los principales responsables de la inteligencia estadounidense han afirmado en ocasiones anteriores que este tipo de vigilancia permitió desbaratar hasta 54 complots terroristas, algo que sin embargo el presidente del Comité Judicial, el senador demócrata Patrick Leahy, puso hoy en duda. Según el senador, a la hora de ordenar programas de este tipo se debe calibrar además con mucho cuidado la protección de la privacidad de las personas.

"Este programa de recolección masiva (de datos) tiene enormes implicaciones en materia de privacidad (...) sólo porque tengamos la capacidad de recopilar enormes cantidades de datos no significa que debamos hacerlo", afirmó Leahy. Aunque la condena a las filtraciones de Snowden desde el Congreso han sido casi unánimes, en las últimas semanas han crecido a la par las voces que reclaman una mayor supervisión de los programas de inteligencia como los revelados por el extécnico subcontratado por la NSA.

La semana pasada, tras un acalorado debate en la Cámara de Representantes, fue rechazada sólo por un muy estrecho margen -217 votos a favor frente a 205 en contra- una enmienda al presupuesto de Defensa presentada por el republicano Justin Amash, con apoyo del legislador demócrata John Conyers, que pretendía que la NSA sólo pudiera recolectar datos de individuos que ya son objeto de una investigación y no de forma generalizada.