La decisión judicial no sólo benefició a los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, sino también las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de aquel entonces.

El fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, dijo que se adoptó esa decisión porque las acusaciones no "perseveraban" debido a que "no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado".

Una de las causas fue la presentada por la Municipalidad de Caldera, por cuasidelito de homicidio. El documento apuntaba a la empresa y a funcionarios públicos que habrían dejado de cumplir normativas de seguridad. En la cuestión civil, el Consejo de Defensa acordó con la empresa, que debía pagar 5 millones de dólares al Estado, por los costos generados a raíz del rescate minero.

Por su parte, la abogada de los dueños del yacimiento San José, Catherine Lathrop, indicó que la decisión de la Fiscalía fue comunicada en una audiencia y que "la decisión de no perseverar a la que arriba el Ministerio Público es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito".

"Siempre hemos sostenido que si bien los 33 fue un lamentable accidente, (pero) es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso", añadió sobre el hecho ocurrido el 5 de agosto de 2010, cuando se produjo el gran derrumbe que se convirtió en unos de los hechos noticiosos más importante del momento alrededor del mundo y que convocó a toda la prensa internacional.