La medida supone un hito, ya que el tribunal atendió a las razones humanitarias que alegaron los ocupantes, a quienes la justicia española les dio la espalda. Las familias afectadas, en su mayoría inmigrantes, celebraron la decisión entre lágrimas y gritos de "sí se puede", tras pasar una noche muy tensa bajo la amenaza de ser desalojados por la policía.

"Estamos muy agradecidos a la gente que nos apoyó", afirmó a la agencia oficial Télam Nuria Brugalada, una de las 43 personas que iban a ser desalojados a pedido de la entidad diseñada por el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, para resolver los problemas derivados de la crisis financiera en España.

"Este caso es el ejemplo de la vergüenza que denunciamos: la exigencia de departamentos recatados con dinero público que ahora se quieren entregar a inversores y especuladores extranjeros", denunció la vocera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, después de celebrar la noticia.

La decisión del tribunal europeo es "un precedente muy importante", subrayó la activista, quien recordó que aunque había un pronunciamiento favorable en el caso de una vivienda en Madrid, esta vez se trata de un edificio entero, lo que la PAH llamó un "macro desahucio (desalojo)".

El bloque de viviendas, ubicado en la calle Castany 91, de Salt, en la provincia de Girona, llevaba tres años vacío y fue ocupado hace ocho meses por la PAH con el propósito de ayudar a un grupo de familias -43 personas, entre ellas 21 niños,- que habían sido objeto de uno o más desalojos y que no tenían un techo bajo el cual vivir.

La plataforma ciudadana realojó ya a unas 700 personas a través de la ocupación de algunas de las más de 300.000 viviendas vacías que denuncian que existen en el país. El 47 por ciento de la población de Salt es inmigrante y aquí se produjeron el 50 por ciento de los desalojos de la provincia de Girona.

En este caso, el inmueble era propiedad del banco Mare Nostrum que, como otras entidades, fue "rescatado" con dinero público y cuyos activos pasaron a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria), creada a mediados de 2012 a pedido de la Troika -Banco Central Europeo, Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional- como parte de la política de reestructuración financiera exigida para que España pudiera recibir el rescate que la salvara del default.

El pasado agosto, la Sareb solicitó el desalojo del inmueble de Salt y a pesar de los recursos presentados por los ocupantes de la PAH, un tribunal provincial de Girona acordó la ejecución de la orden para el 16 de octubre a las 9,30 de la mañana.

El abogado de los afectados, Benet Salellas, afirmó que "el tribunal se pronunció de forma favorable sin entrar en el fondo del asunto, porque entiende que se debe evitar que se vulneren unos derechos fundamentales". La resolución suspende el desalojo hasta el 29 de octubre y pide al Ejecutivo español que informe de la situación de las familias afectadas antes del 24 del mismo mes.

Salellas remarcó que la decisión no hubiese sido posible sin la presión ciudadana, que también llevó a que la Agencia de Vivienda de Cataluña solicitara un aplazamiento del desalojo para escuchar a los afectados. El letrado también destacó que se trata de un precedente "penal" que puede paralizar situaciones similares.