Campagnoli fue suspendido a principios de diciembre por un tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público e inmediatamente comenzó a realizar denuncias públicas y recibir apoyos del arco opositor al señalar que el motivo de la separación de su cargo fue investigar las cuentas de Lázaro Báez, empresario cercano al gobierno nacional.

Sin embargo, en una entrevista publicada ayer por Página/12, la secretaria letrada de la Procuración General, Andrea Pochak, sostuvo que "la causa Báez propiamente dicha está en el fuero federal. Las actuaciones disciplinarias no impactan en el caso Báez. Tampoco tiene impacto en la causa la decisión de haberle quitado a Campagnoli la subrogancia de la fiscalía Nº 10", y agregó: "A Campagnoli se le imputa violar su deber de investigar".

La semana pasada, Pochak había destacado que "Campagnoli no está condenado, pero habla como si lo estuviera. Se han respetado todas sus garantías. Sólo está suspendido y no se entiende por qué quiere evitar el juicio, que es donde puede defenderse".

La Procuración inició una investigación sumaria contra Campagnoli a partir de denuncias presentadas por abogados particulares (algunos ligados a la causa de Báez) y por el director de Migraciones, Martín Arias Duval. Un consejo evaluador de fiscales, cuyos integrantes provienen en su mayoría de la gestión del exprocurador Esteban Righi, sostuvo que había razones para iniciar el proceso de enjuiciamiento. En función de esas conclusiones, la procuradora pidió la suspensión de Campagnoli y la apertura del juicio político. Se trata del mismo procedimiento que se aplica desde 2006 y con el que fueron suspendidos y enjuiciados ocho fiscales (algunos de los cuales renunciaron antes de la destitución).

El jurado, por cuatro votos contra tres, suspendió a Campagnoli de manera preventiva. Los miembros del jury no fueron nombrados por la procuradora, sino la mayoría por sus propios estamentos y dos de ellos por sorteo.

¿De qué se lo acusa? De haber cambiado el objeto de una causa sobre un fraude en la financiera SGI, manejada por Federico Elaskar, para que apuntara a una red de lavado que implicaba a Báez, a quien ya se investigaba en el fuero federal; haber convertido a Elaskar de sospechoso en víctima; haber usado para todo eso personal de la Secretaría de Investigaciones Penales de la unidad de delitos de autor desconocido y obstruir la investigación anticipando sus medidas a los medios y a legisladores. Incluso un borrador de dictamen suyo apareció en una causa civil presentada como prueba por el diario Clarín.