Aquella afirmación de soberanía, impulsada por el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, declarada inconstitucional ahora por el el Tribunal Constitucional, marcó un antes y un después en el conflicto con el gobierno central del derechista Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy. La sentencia, aprobada por unanimidad en el primer día de debate del tribunal, considera "nulo" el primer punto de la declaración, que afirma que el pueblo catalán es "sujeto político y jurídico soberano", aunque acepta la celebración de un referendo legal, "dentro del marco de la Constitución".

De acuerdo con la resolución, quedan en danza dos opciones: que se modifique el marco constitucional o que el Ejecutivo español convoque un referendo y que voten todos los españoles. De acuerdo con la Constitución española, Cataluña no puede celebrar un referendo porque la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, y la potestad para convocar referendos la tiene el presidente del gobierno de España.

Mientras tanto, el presidente Mas, quien en reiteradas ocasiones aseguró que no haría nada que fuera ilegal, impulsó una nueva resolución en el parlamento regional para pedir competencias a las Cortes Generales de España, que le permitan celebrar un referendo, y el pedido del Parlamento catalán, formulado en enero de este año, será debatido el 8 de abril en el Congreso de los Diputados, aunque el resultado se conoce de antemano, ya que el PP, con mayoría absoluta, y la principal fuerza opositora, el Partido Socialista (PSOE) se oponen a la consulta.

La decisión del Tribunal Constitucional se conoció después de que el Parlamento catalán acordara "recusar por imparcialidad" al presidente del organismo, Francisco Pérez de los Cobos, y a otros dos magistrados, Pedro González Trevijano, y Enrique López. "Respeto la decisión, pero la considero un error innecesario", dijo Josep Antoni Duran i Lleida, vocero en el Congreso de Madrid de Convergencia i Unió (CiU), el partido de Mas. Mucho más contundente se mostró el vocero de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, quien aseguró que la sentencia del Constitucional no le merece ningún respecto" y es "lamentable", ya que vuelve a demostrar que "no es un órgano jurídico sino político", y recordó que "muchos de sus magistrados han hecho gala de su 'catalanofobia'".

Para el gobierno catalán y las fuerzas independentistas que lo apoyan, la sentencia del Constitucional no cambia la "hoja de ruta" hacia la independencia.