Ante la negativa de los dos principales acusados -forman parte de un total de 17-, el presidente del tribunal, José Martínez Sobrino, ordenó leer la declaración espontánea de Santos durante la instrucción, a comienzos de 2002, oportunidad en la que aseguró que "solo ordené prevenir" y "jamás impartí ninguna orden en contra de las leyes vigentes".

Desde el inicio de la causa el exjefe de la Federal negó su responsabilidad en las muertes y en los cientos de heridos registrados en los dos días de vigencia del Estado de sitio, decretado por De la Rúa para contener la ola de protestas desencadenas tras el corralito bancario y la critica situación social.

En aquella indagatoria, Santos calificó a los manifestantes de las protestas como "revoltosos" y aseguró que además de los civiles hubo 89 policías heridos en múltiples enfrentamientos en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El juicio se reanudó durante la jornada luego de que el tribunal, con una conformación especial, rechazara la recusación que uno de los jueces del TOF6, Rodrigo Giménez Uriburu, había presentado la semana pasada contra su colega Javier Anzóategui, a la que se habían sumado las defensas de los acusados.

La disputa entre magistrados se originó luego de que Anzoategui discrepara con los otros dos miembros del TOF6 y coincidiera públicamente con la defensora de uno de los policías acusados para que se lo impute de encubrimiento en vez de homicidio, con lo cual la pena sería considerablemente menor.

Los magistrados especialmente designados para zanjar el conflicto -Guillermo Costabel, María Roqueta y Adriana Pallioti- consideraron insuficientes los argumentos expuestos por las defensas y ordenaron que el TOF prosiguiera el juicio con su integración original.