19:02 › CHILE
La presidenta chilena confirmó que el Congreso que asuma en 2017 tomará la decisión sobre qué mecanismo de aprobación emplear para la prometida reforma de la Constitución heredada de Pinochet. En un mensaje transmitido por radio y televisión, Bachelet remarcó que la actual Carta Magna "tuvo su origen en la dictadura y no responde a las necesidades de la época ni favorece a la democracia".
Bachelet, que enfrenta un nivel de popularidad en torno al 22 por ciento, el más bajo de sus dos administraciones, anunció anoche en un mensaje a la nación que a fines del próximo año enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Constitución para que éste decida "los procedimientos" para dictar un nuevo texto.
En el cronograma que trazó Bachelet, será el próximo Congreso y su sucesor en la presidencia, que serán elegidos en 2017, los que deberán concretar la definición de la fórmula que se utilizará para aprobar la nueva Carta Magna.
Esta decisión de la presidenta privilegia la vía institucional y desecha en principio la opción de convocar una Asamblea Constituyente, algo que rechaza la derecha cuyos votos son necesarios para reformar la Carta Magna.
La actual Constitución, redactada por la dictadura de Pinochet y ratificada en un cuestionado plebiscito en 1980, no contempla mecanismos para elaborar una nueva Carta Fundamental. La mandataria barajó los siguientes caminos: una comisión bicameral de senadores y diputados; una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, una Asamblea Constituyente, o dejar en manos de los ciudadanos por cuál de las tres alternativas anteriores se decantan. La decisión no será fácil porque se necesitan tres quintos de los votos en el Congreso para definir una opción.
La médica socialista explicó que enviará un proyecto de reforma de la actual Constitución para que dos tercios de sus miembros en ejercicio establezcan los procedimientos para dictar una nueva Constitución. En esa reforma, acotó, "propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución".
La Constitución actual, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), reduce la labor del Estado a mínimos imprescindibles, como la administración de justicia, dejando en manos privadas servicios como la educación, la salud y sobre todo las pensiones. "Fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría (...) por eso ha llegado el momento de cambiarla", subrayó Bachelet durante su discurso.
La reforma constitucional fue una de las grandes promesas de la presidenta durante su última campaña, junto a la reforma educativa y fiscal. La idea es eliminar los elevados votos que requieren algunas leyes para ser aprobadas en el Parlamento, como resabio aún del autoritarismo. A lo largo de 25 años de democracia, la Constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones para hacerla más democrática, pero hasta ahora no se había planteado ninguna iniciativa para sustituirla por un texto más adaptado a la nueva realidad del país.
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