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El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Alejandra Gils Carbó, presentó una serie de planteos ante la Corte Suprema contra las medidas cautelares que frenaron la designación de fiscales generales subrogantes para que actúen ante distintas cámaras federales del país.

El máximo tribunal consideró “inadmisibles” los recursos presentados por la PGN en los litigios que mantiene contra la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación “Será justicia”.

A fines de 2014, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, habilitó fiscalías ante diversas cámaras federales y designó a 16 fiscales generales subrogantes, pero la medida fue impugnada en múltiples causas en las que se pidió que fuera declarada inconstitucional.

En su apelación, Gils Carbó sostuvo que efectuó las designaciones de los fiscales generales subrogantes basada en la ley 27.063 que sancionó el nuevo Código Procesal Penal, por lo que destacó la "legalidad, necesidad y oportunidad para habilitar las nuevas fiscalías".

En ese sentido, la procuradora sostuvo que quienes impugnaron las designaciones "pretenden eludir el juego de las instituciones democráticas y obtener por vía judicial torcer el resultado del debate parlamentario y del regular procedimiento para la sanción de leyes".

Al menos en tres de los casos -sobre los que hoy se expidió la Corte- tanto en primera como en segunda instancia de la justicia en lo contencioso administrativo federal se dictaron medidas cautelares contra las designaciones.

Quienes cuestionaron esa decisión indicaron que el nuevo Código no estaba en vigencia ni se había creado una comisión bicameral, criticaron la forma de selección y la falta de implementación de un programa de capacitación.

En el fuero en lo Contencioso administrativo se consideró que carecía de razonabilidad la urgencia en la creación de las fiscalías y el nombramiento de fiscales.