Martes, 5 de abril de 2016 | Hoy
EL PAíS › TRES EXPERTOS EN LA INVESTIGACIóN SOBRE FUGA Y LAVADO DE DINERO ANALIZAN LOS PANAMA PAPERS
Por Tomás Lukin
Ricardo Nissen es profesor de Derecho Societario de la Facultad de Derecho de la UBA y ex responsable de la Inspección General de Justicia. “El presidente Macri tiene una larga experiencia con sociedades offshore que se remonta a la causa por importación de autos truchos en 1995”, recordó Nissen al advertir que “resulta absolutamente inverosimil que durante diez años hayan mantenido abierta la empresa sin operaciones”. Aunque advierte que los registros pueden ser “truchados” con facilidad, el abogado reclamó que Macri muestre la información correspondiente a su desvinculación de la sociedad en Bahamas.
–Las sociedades offshore se constituyen para no declarar sus operaciones al fisco. Ahora los tributaristas dicen que no es un delito sino que es “planificación fiscal”. No confundamos: es planificación fiscal defraudando al fisco de Argentina y/o de Brasil. Lo mismo sucede en el caso de Néstor Grindetti que, según figura en la información filtrada, manejaba una sociedad en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza siendo funcionario. Como este tipo de sociedades formadas con acciones al portador se construyen para ocultar a los verdaderos dueños, que la firma le haya otorgado un poder a Grindetti para operar es revelador. Las acciones al portador ya eran un fraude en el siglo XVIII.
–Inventaron una categoría en el derecho societario. No existe ser “designado ocasionalmente”. Desde el momento que uno acepta el cargo de director le caben todas las responsabilidades. En este tipo de sociedades radicadas en paraísos fiscales, como es muy difícil conocer quiénes son los accionistas por tratarse de acciones al portador, los directivos suelen ser los personajes reales del negocio, son el hilo conductor para conocer quién está detrás.
–Resulta absolutamente inverosimil que durante diez años hayan mantenido abierta la empresa sin operaciones. Es rarísimo. Si hubiera sido un negocio en Brasil que se frustró se hubiera disuelto. Tienen que mostrar los libros de la sociedad, que vaya a saber uno dónde están, y probar que no existió ninguna operación bancaria o de compraventa de activos.
–Insisto, tienen que mostrar los libros. Como mínimo tiene que estar el contrato de transferencia de las acciones y el acto de disolución de la asamblea donde deberían figurar, por ejemplo, la renuncia de los directores. Si bien son registros que se pueden fabricar deberían mostrar las pruebas de que efectivamente se desvinculó de la empresa. Macri tiene una larga experiencia con sociedades offshore como Opalsen, que fue utilizada en 1995 para la importación de autos truchos. Es muy difícil saber si existen otras firmas donde figura como director que no informó.
“El presidente Mauricio Macri tiene que demostrar que la empresa nunca tuvo actividad y que como director no hizo ninguna operación”, advirtió el ex banquero arrepentido del JP Morgan, Hernán Arbizu. Desde su experiencia en algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo, la apertura de firmas en jurisdicciones como Bahamas, Singapur o Islas Caimán está directamente asociada a la evasión fiscal. Arbizu señala a los estudios de abogados intermediarios como los tenedores de información relevante sobre el funcionamiento de Fleg Trading entre 1998 y 2009.
–No conozco a ninguna persona que abra una sociedad en Bahamas para cumplir con el pago de impuestos. En algún punto buscaban evadir o ocultar datos para reducir la carga impositiva. Si efectivamente la compañía no tuvo ninguna operación y por desprolijidades contables en el grupo Macri se les pasó por alto y la dejaron abierta durante diez años, igualmente los directores deberían demostrar que esa empresa nunca tuvo actividades.
–Incluso si la operatoria para la que se habría creado la empresa en Bahamas no se realizó, la firma siguió existiendo durante diez años y esa empresa podría haber sido utilizada para canalizar inversiones o realizar operaciones financieras con cualquier banco. Hay que ver dónde tienen el dinero y las inversiones estas sociedades offshore. Por lo general están involucrados los mismos bancos de siempre en Estados Unidos y Europa. En los papeles que se conocieron hasta ahora se ve que informaron la direccion en Uruguay de un conocido estudio de abogados y no sus domicilios en Argentina.
–Es un estudio muy importante y a sus oficinas llegaba la correspondencia de la firma creada por el grupo Socma. Se trata de una decisión habitual denominada holdout mail. Se utiliza para evitar que la correspondencia formal sobre las operaciones de la empresa en Bahamas llegue al país. Tienen que demostrar que la empresa nunca tuvo actividad y no hizo nada.
–A la hora de probar si hubo irregularidades no importa si Macri fue o no accionista, elemento que todavía no fue demostrado. Los directores son las personas con poder de decisión de las sociedades sobre los activos como cuentas en bancos y las propiedades que tuviera. Si la sociedad tiene una cuenta, el director es quien puede ordenar transferencias e inversiones, vender los activos o comprar algo. Aunque no sea accionista en el día a día, es el que tiene más trato con esas decisiones. Y, en el caso que no cobrara, es más sospechoso aún. ¿Por qué no cobraba honorarios siendo director de una sociedad? Si prestó el nombre durante diez años y en una parte de ese período fue funcionario público, el caso es todavía más grave.
–Depende de las modas y las decisiones de cada intermediario. Durante los noventa Bahamas y las Islas Caimán eran destinos muy habituales. Pero cuando yo trabajaba para el banco UBS, entre 2002 y 2006, Panamá y Caimán estaban bajo la mirada internacional y se decidió comenzar a abrir empresas que ofrecieran los mismos beneficios en materia de cobertura para los clientes en Singapur y Canadá.
Los últimos cinco años la economista Verónica Grondona se dedicó a investigar las diferentes maniobras que utilizan las multinacionales para evadir impuestos y fugar capitales utilizando mecanismos legales. “No hay ningún motivo legítimo para conformar una sociedad en Bahamas más que la evasión y el ocultamiento del origen de los fondos”, advierte la especialista del Centro Cultural de la Cooperación.
–Desde mi perspectiva no existe un motivo legítimo para que una empresa o individuo argentino conforme una sociedad en Bahamas más que la evasión o elusión impositiva y el ocultamiento del origen de los fondos que pueden ser provenientes de la fuga de capitales, la corrupción o actos criminales. El atractivo de pasar por una jurisdicción como Bahamas no es sólo la baja tasa impositiva sino brindar protección a la información vinculada a su operatoria. Aunque Bahamas firma acuerdos de intercambio de información y otros tratados para salir de las listas negras, es muy difícil lograr su colaboración durante una investigación.
–No es legítimo. Existen normas que lo permiten. Es legal y hay acuerdos de intercambio de información y de doble imposición con ese tipo de jurisdicciones, pero terminan yendo contra el espíritu de la ley y facilitan abusos.
–No lo sé, pero es probable. Hay que tener en cuenta que, tal vez, la sociedad creada en Bahamas no sea el último eslabón de esa estructura societaria. Es habitual que para ocultar información los individuos y empresas construyan estructuras de capas de firmas controlantes y vinculadas que van pasando de una jurisdicción a otra, como el estado de Delaware en Estados Unidos, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes. Pero con la información disponible no hay forma de saber si es parte de ese tipo de estructuras más amplias.
–No tengo una respuesta. Pero siempre está la posibilidad de que la empresa haya sido utilizada para otras inversiones. El grupo Socma y la familia Macri podrían haber recurrido a esa compañía para traspasar y vincular activos hacia otra jurisdicción. Falta la información de las operaciones de la firma de Bahamas. Un directivo puede haber autorizado movimientos. Otra característica de este tipo de sociedades es que no tienen actividades económicas reales. Son creadas fuera de la jurisdicción donde se realiza la actividad económica para justificar otro tipo de operaciones como abusos vinculados a los precios de transferencia.
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