Los paraísos fiscales cumplen un papel estructural en el funcionamiento de la economía argentina. A través de diversas herramientas financieras y comerciales canalizan la fuga de capitales, que desde los últimos 40 años es fuente predilecta de ganancias por parte del empresariado nacional, así como de merma de divisas y de recaudación para el Estado. Bajo ese paraguas conceptual se enmarca la información financiera filtrada globalmente que involucra al presidente, Mauricio Macri, entre otros.

Los paraísos o guaridas fiscales proveen regímenes tributarios preferenciales, con muy baja o directamente nula imposición fiscal y sistemas de opacidad financiera. Ofrecen amplia protección y piden muy poco a cambio, por eso albergan el dinero de las personas más ricas del mundo y son un medio para evadir impuestos por parte de las grandes multinacionales, que compran materias primas, emplean trabajadores y venden en países con regímenes regulares pero están constituidas en las Islas Caimán, Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo.

Según datos del economista Jorge Gaggero, el stock mundial de capitales en guaridas fiscales creció entre 2008 y 2013 de 6,8 billones (millones de millones) de dólares a 8,9 billones, a un ritmo del 5,6 por ciento anual, mientras que los capitales provenientes de países latinoamericanos lo hicieron de 800 mil millones a 1,1 billón de dólares. El fenómeno tiene carácter global y regional y además en la Argentina se manifiesta de manera amplificada. Según estimaciones de distintas fuentes, el stock de capital propiedad de residentes argentinos radicado en el exterior oscila entre los 205 mil millones de dólares y 376 mil millones. Según la ONG Red de Justicia Federal, entre 1970 y 2010 Argentina figura en el octavo lugar entre los principales orígenes de fondos depositados en paraísos fiscales.

La salida de fondos no se canaliza solamente a través de bancos y otros agentes financieros especializados, como es el caso del estudio de abogados Mossack Fonseca, que está en el centro de la filtración global difundida por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. También la vía del comercio exterior es muy relevante, a través del contrabando de exportaciones, fraudes con declaraciones juradas de exportación e importación, datos falsos en balances y manipulación en los precios de transferencia entre filiales de una misma compañía.

“La fuga afecta a la recaudación de impuestos nacionales y repercute negativamente en el nivel de inversión interna y en la cantidad de divisas que dispone el Estado. La transferencia de ese capital al exterior es posible gracias a un mercado de servicios offshore que actúa como intermediario, proporcionando la organización necesaria para la creación de estructuras jurídicas, esquemas de planificación impositiva que facilitan la salida de dichos recursos y la imprescindible arquitectura financiera que funciona como depositaria de esos activos”, explica Magdalena Rúa en “Fuga de Capitales V” documento del centro de estudios Cefid-Ar, que el gobierno de Macri disolvió recientemente.

No todas las operaciones ilícitas se confeccionan a través de paraísos fiscales ni todas las cuentas ubicadas en esas guaridas provienen del ilícito, aunque los caminos están estrechamente vinculados. En las guaridas de las Islas Bahamas, donde apareció el nombre de Macri; Panamá, donde tuvo una cuenta el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y las Islas Vírgenes Británicas, en el caso del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, las inversiones extranjeras tributan al cero por ciento y existen leyes que velan por la privacidad financiera.

Panamá, el centro de la megafiltración conocida como Panama Papers, es un país independiente desde 1903 luego de la secesión de Colombia, que contó con el apoyo fundamental de los Estados Unidos y particularmente de varios grupos financieros, como el J.P. Morgan. El periodista británico especializado en paraísos fiscales, Nicholas Shaxson, explica que la historia de Panamá como guarida fiscal comenzó en 1919 cuando empezó a registrar movimientos de la petrolera Standard Oil para eludir tributos en Estados Unidos, mientras que en 1927 Wall Street impulsó en Panamá normativas financieras opacas. En los 70, con el comienzo de la financierización de la economía global, Panamá se convirtió en la nueva Suiza. Según la organización Tax Justice Network, Panamá ocupa el puesto 18 entre las plazas con mayor escala de operaciones offshore.