La Cámara de Senadores aprobó en sesión especial el proyecto de ley impulsado por la oposición para prohibir los despidos y las suspensiones, tanto en el Estado como en la actividad privada, durante seis meses. La iniciativa le ofrece al empleado, al ser despedido, la posibilidad de ser reincorporado inmediatamente o de elegir que se le pague la doble indemnización. Quedan exceptuadas de lo que exige la ley las empresas que tomen personal tras la sanción definitiva del proyecto.

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, Daniel Lovera, abrió el debate argumentando que la intención de la Ley es “preservar los empleos durante un tiempo limitado, esperando que cambien las condiciones socioeconómicas del país”. “Es hora de que entre todos empecemos a saldar las deudas sociales que tiene el país. Este es un proyecto realista y responsable. Garanticemos la paz social y después no tenemos problemas en votar las leyes necesarias para fortalecer a todos los empresarios”, alentó.

Por el contrario, el presidente provisional del Senado y representante de PRO, Federico Pinedo, cuestionó la propuesta al decir que “no sirve para recibir inversiones cambiar todo el tiempo las reglas” y opinó que “lo que hay que hacer es crear condiciones de empleabilidad”. “No es que tengamos diferencias en cuanto a los objetivos. Lo que queremos es que la mayor cantidad posible de argentinos tengan trabajo”, remarcó.

Pinedo también aseveró que “lo que se ve es que el índice de trabajadores registrados entre diciembre del año pasado y ahora tuvo un pequeñísimo aumento”, pero argumentó que “desde septiembre a diciembre del año pasado se produjo una gran destrucción de empleos” porque “el gobierno anterior dejó de pagar las obras públicas”.

A su turno, el representante del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, quien a su vez se desempeña como secretario general del sindicato de petroleros privados del norte de la Patagonia, manifestó: “Con esta Ley venimos a acompañar al gobierno, no a ponerle trabas”. “De no aprobarla, comenzaríamos a entrar en un conflicto que nada bien le hace al país”, conjeturó.

El radical Luis Naidenoff acusó al sindicalismo de “haber recuperado la memoria después de doce años” y le reclamó a la oposición que “no pretendan que un gobierno, en cuatro meses, solucione un desaguisado de ocho años de gestión del gobierno anterior”. En cambio, la rionegrina Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica-ARI, reclamó cambios en el proyecto para que sea retroactivo al 1 de enero, que se contemple la reducción de la jornada laboral y que se invite a las provincias a adherirse a la ley.

El salteño Rodolfo Urtubey, en conjunto con el chaqueño Eduardo Aguilar, ambos del FPV, y el peronista disidente Roberto Basualdo, se mostraron de acuerdo con el proyecto, pero pidieron que sean exceptuadas del cepo a los despidos en las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, pidieron que el período de prueba en esas firmas que contraten personal se extienda a doce meses.