17:12 › EN EL GOBIERNO CONFIRMARON QUE EVALUAN DEVOLVER LAS ESCUCHAS TELEFONICAS A LA AFI
Lo confirmó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. El kirchnerismo había pasado las escuchas de la SIDE a la Procuración y Macri lo derivó a la Corte Suprema. Ahora quiere ir para atrás. Por Raúl Kollmann
El gobierno nacional admitió que efectivamente está estudiando un retorno del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Sin embargo, el proyecto no se enviaría al Congreso dentro de los próximos dos o tres meses, aunque sí antes de fin de 2016. Durante muchos años, las intervenciones en las comunicaciones fueron manejadas por la SIDE que convirtió el sistema en una fuente de recaudación, escuchas ilegales y extorsiones. Cuando Cristina Fernández de Kirchner decidió depurar la SIDE mandó al Congreso un proyecto de ley de Inteligencia. La norma fue votada por amplia mayoría y contempló el pase del aparato de escuchas, llamado entonces Oficina de Observaciones Judiciales (Ojota) al Ministerio Público, cuya titular es la procuradora Alejandra Gils Carbó. A principios de este año, el gobierno macrista no envió ninguna ley al Congreso sino que a través de un decreto sacó las escuchas del ámbito de la Procuración y en forma atropellada le pasó el sistema a la Corte. Hoy por hoy, la situación es de crisis porque hay fuertes quejas debido a que en las investigaciones de secuestros las intercepciones se demoran demasiado y ponen en riesgo la vida de los secuestrados.
Argumento
El anuncio de que se está estudiando el regreso de las intervenciones telefónicas al aparato de inteligencia fue hecho por Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados. El dirigente del PRO utilizó un argumento asombroso: “a mí me deja tranquilo que esto (las escuchas) lo maneje el Presidente. El no va a usar esa herramienta para fines para los que no se tiene que usar”. La insólita explicación pasa por alto que Mauricio Macri estuvo procesado justamente por el uso personal y político de escuchas telefónicas realizadas por la SIDE. El espía Ciro James y el comisario Jorge Fino Palacios –ambos contratados por el gobierno porteño encabezado por Macri– armaron causas falsas, consiguieron jueces misioneros que ordenaron escuchas a la SIDE y la transcripción de esas comunicaciones fue usada para intentar, entre otras cosas, que la fallecida hermana del Presidente se divorcie de su marido Néstor Daniel Leonardo. Macri le echó la culpa a su padre y terminó sobreseído por el juez Sebastián Casanello.
El caso pintó como ninguno el uso de las intervenciones telefónicas para extorsiones y maniobras de todo tipo. No sólo intentaron utilizar las comunicaciones para el caso de la hermana de Macri, sino también para espiar a Sergio Burstein, cuya esposa murió en el atentado contra la AMIA, intervenir en una negociación sobre la televisación del fútbol que llevaba adelante Carlos Avila, actuar sobre expedientes de divorcios, compra y venta de acciones de un supermercado y hasta infidelidades de la esposa de un comerciante. Otras bandas, también vinculadas con la SIDE, usaron las escuchas para extorsionar jueces y hay casos en que se pagaban escuchas de la Ojota para hacer espionaje y realizar operaciones en la Bolsa y conseguir ventajas de información para operar en tratativas comerciales. Está probado que las escuchas en manos del aparato de inteligencia, es decir de la actual AFI, no tendría control alguno y representarían un retroceso gravísimo en materia de derechos individuales.
Discusiones
En las entrañas del gobierno y la justicia, la cuestión de las escuchas telefónicas volvió a ser materia de discusión a raíz de una reunión en la que se debatió el tema de los secuestros. En ese encuentro, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, admitió por primera vez que el organismo de inteligencia quiere recuperar el aparato de escuchas. “No hay servicio de inteligencia en el mundo que no tenga bajo su control el sistema de intervenciones telefónicas”, alegó. El argumento es falso ya que en distintos países, en especial de Europa, las escuchas están en manos de estructuras de jueces o de fiscales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, venía planteando los problemas serios que se producen en los casos de secuestros, desde que las escuchas pasaron a manos de la Corte Suprema. Se dice que Bullrich llamó hace dos semanas a Ricardo Lorenzetti y le dijo que iba a tener que hacerse responsable de lo que pasara con un niño de 10 años, secuestrado en un hotel de Constitución, si no resolvía de inmediato las intervenciones de teléfonos del caso.
La versión es que desde que el aparato de escuchas pasó a la Corte se nombraron para cubrir los distintos cargos a legiones de familiares de jueces, secretarios y funcionarios de Comodoro Py. Las intervenciones estaban antes a cargo de la Procuración que designó al frente de la Dicom (Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones) a la fiscal Cristina Caamaño. Desde febrero, en el mismo edificio de avenida De los Incas, funciona la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC), ahora bajo la órbita de la Corte y con personal novato que estaría siendo asesorado por hombres que provienen de la estructura que tenía el ex jefe de Operaciones, Antonio Stiuso. Además, se menciona que hay jueces que tienen preferencia en las escuchas y una notoria falta de materiales para trabajar.
En el marco de esos debates sobre las intervenciones y los casos de secuestros es que Arribas lanzó su ofensiva para recuperar la herramienta de poder y negocios que son las escuchas.
Jugada
Tras la filtración de ayer en el diario La Nación, Monzó admitió que la transferencia a la AFI está en los planes del Poder Ejecutivo, aunque el envío al Congreso del proyecto no es inminente. El referente legislativo del macrismo habló de más de dos o tres meses.
Hace un año, en una conferencia de prensa realizada en el Congreso, los máximos dirigentes del PRO, el radicalismo y los otros partidos de la oposición de aquel momento, reclamaron que en la nueva Ley de Inteligencia, impulsada por CFK, las escuchas pasaran a la órbita de la Corte Suprema, no del Ministerio Público. O sea que dirigentes como Gabriela Michetti, Gerardo Morales, Adolfo Rodríguez Saá, Norma Morandini y Pino Solanas se sentaron uno al lado del otro y sostuvieron que las intervenciones telefónicas tenían que salir de la órbita de la SIDE y del Poder Ejecutivo e insistían en que pasaran a la Corte. Ahora se ve que el PRO, la UCR y sus aliados cambiaron de opinión, quieren que las escuchas se le saquen a la Corte y vuelvan a la oscuridad, el descontrol y los manejos turbios del aparato de inteligencia.
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