La gobernadora bonaerense derogó los artículos 1, 2 y 7 del decreto 647 con los que penaba con prisión a periodistas y a "terceros" que divulgaran las declaraciones juradas de bienes que sus funcionarios, así como también de policías y agentes penitenciarios.

La supresión fue publicada a en el Boletín Oficial a través del decreto 661 que suplanta al que establecía que "los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal" (un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial de uno a cuatro años).

La nueva decisión de María Eugenia Vidal señala que sobre la reglamentación de la declaración jurada de bienes "han surgido aspectos cuya aclaración resulta pertinente para garantizar el fiel cumplimiento de la finalidad del régimen". Por lo tanto, ahora "se propicia la presente medida aclaratoria a fin de propender al fortalecimiento del régimen instituido".