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La Cancillería dio curso a dos exhortos librados por el juez federal Sebastián Casanello, uno a Panamá y el otro a Uruguay, en el marco de la causa en la que se investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de dos empresas offshore, reveladas en el marco de la investigación periodística internacional denominada Panama Papers. Sin embargo, desde el propio gobierno podrían demorar e incluso frenar esos pedidos.

Fuentes judiciales detallaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del área de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, envió una nota al juzgado de Casanello en la que advirtió que, probablemente, esos países requieran “aclaraciones” o devuelvan el trámite para su “complementación” merced a la falta de “claridad” en relación a los hechos imputados.

Se trata de solicitudes cursadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Federico Delgado, tendientes a obtener información societaria sobre la empresa Foxchase Trading SA, radicada en la capital panameña. El fiscal imputó al presidente Macri y abrió una investigación para determinar si omitió maliciosamente declarar las empresas offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, registradas en Bahamas y Panamá, respectivamente, y si desde esas compañías se cometió algún delito en el que pudiera estar vinculado. La participación de Macri en esas offshore se conoció a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló la filtración de 11 millones de documentos de la empresa de Panamá Mossack Fonseca sobre empresas offshore creadas en varios países.

Foxchase Trading SA es una compañía que se creó en Panamá el 10 de diciembre de 2012 y que junto con otra domiciliada en Uruguay tomaron el control de “Macri Investment Group” (MIG). Mauricio Macri declaró en su declaración jurada de 2014 que tenía participación societaria en MIG. Foxchase está relacionada con los Panama Papers de Macri porque MIG da sus acciones para constituir “Global Collection SA”, que a su vez se vincula con Global Collection Do Brasil, a la que ingresa Fleg Trading, empresa offshore por la que Macri está siendo investigado.

En tribunales sostienen que lo solicitado en los exhortos no debiera ser rechazado por Panamá y Uruguay porque se trata de información societaria y no implica una incriminación. Sin embargo, fuentes que trabajan en la causa anticiparon un posible fracaso de los pedidos. “Sabemos que estos países, con secreto fiscal, suelen buscar la manera de no responder”, se atajaron previendo una respuesta negativa.