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El Senado convirtió ayer en ley el paquete de medidas que incluyó el Gobierno como un único proyecto, con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención. La ley ómnibus de pago de sentencias y retroactivos a jubilados y actualización de haberes previsionales y blanqueo de capitales contó con el apoyo clave del Bloque Justicialista y de los senadores puntanos, además de los votos que sumaron el radicalismo y el PRO para la alianza Cambiemos. El rechazo provino del kirchnerismo duro, en el cual se encuentran las cuatro senadoras de La Cámpora (María de los Angeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón y Virginia García). También votaron en contra por el FPV: Marcelo Fuentes, Ruperto Godoy, Nancy González, María Inés Pilatti, Sandra Giménez y María Ester Labado. Se sumó Carmen Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. El oficialismo no aceptó ningún tipo de modificaciones al proyecto. La mayor resistencia de la oposición, incluso de los que votaron favorablemente en el tratamiento general, se concentró en el blanqueo y en los criterios para administrar el fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses, lo que quedaría plasmado en el acompañamiento de cada bloque en la votación en particular de cada artículo.

El paquete contempla la liquidación de los juicios de jubilados, la actualización de haberes previsionales y una pensión por vejez que permite a partir de los 65 años percibir el 80 por ciento de la mínima. Todo esto se financiará con dinero del blanqueo incluido en el proyecto, las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, cuando haga falta, con la venta de las acciones que posee Anses en empresas privadas. Este punto es el más resistido entre los legisladores de la oposición, junto con el alcance y el sentido de la oportunidad del blanqueo. También incluye una moratoria impositiva, ratifica los acuerdos por la devolución del 15 por ciento de Coparticipación a las provincias que se destinaba a la Anses, cambios y reducción para el pago de Bienes Personales y el traspaso de la Unidad de Información Financiera (UIF) al ámbito del Ministerio de Hacienda (ver aparte).

La sesión en Senado comenzó con un homenaje al ex presidente Arturo Illía en conmemoración de los 50 años de su derrocamiento. Mientras tanto, en las puertas del Congreso representantes de distintos gremios se manifestaban por el riesgo de destrucción del sistema de seguridad social. “Esta ley hace peligrar fuertemente las jubilaciones docentes, tanto de las cajas nacionales como de las provinciales. El sistema que quieren instalar no tiene en cuenta las tareas que desempeñan los trabajadores. Un sistema no solidario no admite la existencia de regímenes de jubilaciones especiales, algo que para los docentes quedó demostrado entre 1994 y 2005”, explicó a este diario el secretario general de UTE, Eduardo López, luego de hablar en un palco emplazado sobre la avenida Callao.

Debate

La estructura del proyecto, cuyo mascaron de proa fue el pago a los jubilados, contiene detrás una serie de medidas que fueron muy cuestionadas durante el debate. Dentro del paquete se incluyó el acuerdo con las provincias por la devolución del 15 por ciento de Coparticipación y el financiamiento del déficit de las cajas previsionales. Esto le permitió al macrismo poner en caja a varios senadores que buscaron mantener a salvo esos acuerdos. “Eso fue una maniobra y un movimiento de extorsión en el paquete. Al incluir el tema de las provincias en este proyecto, los senadores manifiestan oponerse a un montón de medidas, como al blanqueo, pero apoyan la medida por esos acuerdos”, criticó el sanjuanino Ruperto Godoy (PJ-FPV). “Detrás del chocolate había frutos envenenados”, agregó el senador de Unen, Fernando “Pino” Solanas, en su habitualmente pintoresca alocución, tras la cual anunció que se abstendría a la votación en general y en particular.

El chaqueño (PJ-FPV) Eduardo Aguilar alertó sobre el artículo 27, que habla de la compensación del Estado nacional a las provincias que no transfirieron sus cajas. El artículo condiciona esas transferencias a que las provincias evidencien avances en el proceso de armonización de los aportes. También destacó que el proyecto más que duplica el déficit anual de la Anses.

El otro punto criticado fue que se defina en el primer capítulo de la ley la emergencia en materia de litigio previsional. Los senadores del PJ-FPV rechazaron que haya una emergencia en un sistema que permitió alcanzar un nivel de cobertura del 98 por ciento. “Hubo más de tres millones de jubilados que se incorporaron en un esquema de inclusión social y no de asistencialismo, como plantea el proyecto”, opinó la formoseña María Graciela de la Rosa (PJ FPV), quien consideró que “la emergencia y el título (del proyecto) de reparación histórica sólo encubre el blanqueo”. “Basta de hablar de reparación histórica. Con el gobierno anterior hubo amas de casas que se pudieron jubilar y se otorgaron pensiones no contributivas. Eso es reparación histórica”, agregó la jujeña Liliana Fellner (PJ-FPV). El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (PJ La Pampa) afirmó que “la cuestión previsional no se agota sólo en esta ley”. “Una reparación histórica integral se logra con un paquete de leyes y políticas públicas”, consideró el senador pampeano.

El tema del perdón fiscal por el blanqueo fue el que recibió más críticas durante las exposiciones y uno de los artículos menos votado en el tratamiento en particular. La misionera Sandra Giménez denunció que el blanqueo favorece a “los amigos de Cambiemos”. “Los amigos que no cumplieron con su palabra, no liquidaron la soja ni repatriaron sus capitales, ahora extorsionan al Gobierno” para abrir el blanqueo, advirtió Giménez, quien días atrás abandonó el FPV. Por su parte, la santafesina María de los Angeles Sancnun (La Cámpora) atribuyó el blanqueo al fracaso de “la lluvia de dólares que habían prometido cuando mandaron al Congreso la ley para pagarle a los fondos buitre”.

El radicalismo defendió el proyecto haciendo hincapié en el pago de fallos y actualización a jubilados. El radical Alfredo Martínez sostuvo que el objetivo es “evitar que sigan proliferando juicios”. Lo mismo hizo su par mendocino Julio Cobos, quien intentó justificar, pero sin éxito, el motivo por el cual el oficialismo haya presentado todas las iniciativas en un solo paquete, y agregó que se busca “terminar de hacer peregrinar a los jubilados por los palacios de Justicia”. El presidente del bloque PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, recordó que “en los últimos años se dispuso entre 10.000 y 12.000 millones de pesos anuales promedio que se aplicaban para el pago sentencias a jubilados”. “Esperemos que se cumplimente el proyecto”, sumó el legislador rionegrino. Por último, la santacruceña María Labado (PJ-FPV) recordó que los términos “emergencia previsional” y “sinceramiento fiscal” se utilizaron durante el menemismo y significaron la excusa para privatizar el sistema jubilatorio.