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A través del decreto 820/2016, el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Tierras Rurales, votada por el Congreso en diciembre de 2011, que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre las modificaciones decretadas, el Gobierno amplió del 25 al 51 por ciento la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país.

Además se modificó la limitación del máximo de 1000 hectáreas que un titular extranjero podía adquirir en una localidad de la zona núcleo de la producción agropecuaria --delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe-- o su equivalente en varias localidades. Pero el Gobierno nacional ordenó a las provincias que en 30 días redefinan esas "equivalencias" y en caso de que no lo hagan, la tarea quedará a cargo de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

El decreto, que lleva las firmas de Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, precisa que el consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.

Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial", por lo que "dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales.

En la normativa votada por el Congreso en 2011, las zonas industriales tenían un límite del 15 por ciento del territorio nacional, provincial o municipal; e indicaba que "en ningún caso" personas físicas o jurídicas "de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30) del porcentual asignado a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales".

Tras la difusión del decreto, el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, defendió la decisión y sostuvo que "busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 del 2012".

En ese sentido, confirmó que "se pondrá bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias actualmente vigente ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias".

El nuevo decreto de Macri recibió el respaldo de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) por considerar que facilitará la llegada de inversiones productivas de capital extranjero especialmente en la explotación de commodities como trigo, maíz, soja y girasol. “Era necesario que se flexibilizase”, consideró el presidente de la CAIR, Javier Christensen, y consideró que “será necesario hacer más cambios”.