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A toda velocidad, el Ministerio de Trabajo empezó a conformar la comisión que diseñará el nuevo sistema jubilatorio. La ley ómnibus que se aprobó a mitad de semana fija un plazo de tres años para la presentación del proyecto que transformará el régimen previsional, pero el Gobierno se propone avanzar con los cambios mucho antes. Es un paso fundamental hacia un nuevo esquema institucional para la distribución del ingreso. La reforma será pensada por un gobierno con convicciones neoliberales, como ocurrió en los 90 con la creación de las AFJP. La cartera que conduce Jorge Triaca está enfocada en una revisión más amplia de las relaciones entre el capital y el trabajo. En su agenda figuran modificaciones a la ley de ART y una reforma de flexibilización laboral, que será presentada como de “modernización”, al igual que la devaluación, el aumento de tarifas, la quita de retenciones y el ajuste del gasto público fueron bautizados como “sinceramiento”. Las iniciativas irán avanzando en los próximos meses. Para la previsional ya se han producido convocatorias a especialistas para sumarlos al debate. La proactividad que muestra el Ministerio de Trabajo en este terreno contrasta con la actitud que exhibe frente al estallido de la conflictividad laboral, con despidos, suspensiones y medidas de fuerza record desde la crisis de 2001-2002. En junio, la tendencia que arrancó en diciembre con las cesantías en el sector público se mantuvo para el sector privado en la misma dirección, de acuerdo a datos preliminares de la consultora Tendencias Económicas que se conocerán la próxima semana.

Un ejemplo de la pasividad del Ministerio de Trabajo frente a las tensiones en el campo laboral es la instrucción de derivar los conflictos a las provincias donde se producen. La cartera nacional solo interviene en casos demasiado grandes para ignorarlos. Del resto se desentiende. Los deja en manos de sus pares de cada distrito, en una señal inequívoca de la orientación de la política. La gestión de Triaca reedita la experiencia del menemismo de apuntar los cañones a cambios legislativos de fondo mientras aplica el siga siga para los reclamos cotidianos de los trabajadores. Hay un abandono de la política de intervención permanente del Estado que rigió los últimos doce años.

La conversión es muy evidente para el mundo gremial, donde aseguran que día a día van dejando de pedir la mediación del Gobierno ante la desidia en la respuesta de los funcionarios. En este terreno no corre la excusa de la pesada herencia. Triaca no puede echar mano al recurso de descargar la responsabilidad de sus decisiones en supuestas distorsiones del pasado, como abusa Alfonso Prat- Gay. Sin esa gambeta, la mutación de la política laboral expone más abiertamente el giro neoliberal que implica el proyecto económico de Cambiemos. Es un proceso que encuentra como antecedente más cercano lo sucedido a comienzos de los ‘90, cuando el ministro de Trabajo era el padre del actual, también Jorge Triaca, un ex sindicalista que terminó siendo aceptado como socio del Jockey Club por los servicios prestados. Las cúpulas empresarias, incluso de sectores como el industrial, en zona de riesgo por el desmoronamiento del mercado interno, acompañan al Gobierno en busca de recuperar márgenes en la distribución del ingreso nacional cedidos la década pasada, por más que se llenaron los bolsillos. Es una apuesta peligrosa. La vez anterior terminó en la crisis de 2001, con el tejido fabril en ruinas y las calles incendiadas. Los sectores directamente favorecidos por el modelo, como el agroexportador, el financiero y el de los grandes jugadores, deja ver su entusiasmo en los comunicados que producen entidades como AEA, IDEA o la Sociedad Rural.

El cambio de actitud del Ministerio de Trabajo frente a la problemática del empleo se aprecia en el recorte abrupto del plan Repro. El programa de Recuperación Productiva es un aporte del Estado a empresas en crisis, asumiendo el pago de una porción del salario de sus trabajadores a condición de que no produzcan despidos y presenten alternativas para recomponer su actividad. En abril lo recibieron 8998 trabajadores, aunque a esa cifra corresponde agregar 18.000 choferes de micros de larga distancia que pasaron a estar cubiertos por otro plan del Ministerio de Transporte. Si se los suma, a efectos estadísticos, la cobertura llegó a 26.998 trabajadores. La cifra es una tercera parte de los 76.529 asistidos en 2015. Es decir que en un año donde se produjeron miles de despidos –solo en la construcción se contabilizan 59.000 bajas hasta abril, según el Indec–, el Ministerio de Trabajo restringió el Repro a su mínima expresión. En 2014 la cobertura fue de 58.501 trabajadores; en 2013, de 39.209; en 2012, de 46.326; en 2011, de 78.329, en 2010, de 130.306, y en 2009, en medio de la crisis financiera internacional, se alcanzó el record de 142.634. Entre este número y los actuales 26.998 –incluyendo a los atendidos por Transporte– se puede advertir la diferencia en el esfuerzo empeñado por la cartera laboral para sostener el empleo en años de fuertes crisis. El ministro Triaca reconoció el mes pasado en una reunión con industriales que el Gobierno será selectivo en la distribución de los Repro, limitándolos a las empresas que considere “viables”.

En la misma línea de achicamiento de las funciones de la cartera laboral, continúa cerrado el programa Asistir. Como ya se contó en este espacio, el Asistir era un servicio de ayuda legal gratuita a trabajadores, diseñado especialmente para quienes no contaban con cobertura sindical, no tenían los medios para pagar un abogado o presentaban reclamos por montos bajos y por lo tanto les resultaba difícil conseguir representación. El Ministerio de Trabajo ponía a su disposición un cuerpo de profesionales para tramitar sus demandas, en resguardo de sus derechos. El plan funcionaba desde 2005, con un promedio de 10.200 personas atendidas por año. En su gran mayoría, trabajadores no registrados. Pese a la debilidad de ese sector, la gestión Triaca desactivó el programa en los peores meses de despidos y aunque prometió restablecerlo, todavía no hay novedades.

La negociación de convenios colectivos de trabajo por actividad y empresa también se ubica en niveles mínimos para los últimos años. Hasta mayo se firmaron apenas 3 por actividad y 10 por empresa, contra 24 y 71 de 2015, respectivamente, a un promedio de 2 y 6 por mes. En ninguno de los años anteriores hasta 2003 se había registrado tan escasa actividad. Lo mismo ocurre con los acuerdos entre empresas y trabajadores homologados por el Ministerio de Trabajo, desde paritarios hasta por condiciones de trabajo o distintos conflictos. Entre enero y mayo se cerraron 340 arreglos, a razón de 68 por mes. En 2015 fueron 1893 acuerdos, a un promedio de 158 por mes, más del doble que el ritmo de este año, pese a que la conflictividad laboral ahora es diez veces superior. El retroceso asimila el momento actual a lo que ocurrió en los ‘90. Entre 1991 y 2000 se pactaron un total de 1759 convenios colectivos de trabajo y acuerdos homologados por la cartera laboral. Es decir que el año pasado superó por si solo todo lo que se hizo en aquella década.

La decisión del gobierno de Cambiemos de ir corriendo al Estado de las relaciones entre empresas y trabajadores tiende a desamparar a estos últimos. Los proyectos como el de reforma previsional que empiezan a elaborarse en comisión han sido el instrumento de otros gobiernos de derecha para cristalizar la desigualdad.