Los camaristas Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone, con la disidencia de Alfredo Barbarosch, sostuvieron que los "pretensos querellantes" son, al mismo tiempo, imputados por haber causado daños en un Centro de Gestión y Participación, en el contexto de una protesta por el desalojo de la "huerta".

"Es dable colegir que existió una situación de violencia entre las partes (policías y manifestantes), mas no si ésta tuvo o no solución de continuidad. En este sentido, llama la atención la extensión de la persecución callejera que se habría producido (aproximadamente 1200 metros), en plena ciudad de acuerdo a la versión policial o los motivos que pudieron haber llevado a los manifestantes a pasar a terrazas vecinas, cuando ya se encontraban a resguardo en el centro cultural", subraya el fallo.

El párrafo parece dar tácitamente crédito a las denuncias de violencia policial, pero al mismo tiempo advierte que "ante el estado inicial en el que se encuentran las actuaciones, en las que aún no se han determinado responsabilidades, resulta incompatible que los aquí peticionantes adquieran el doble carácter de querellantes e imputados".

El 2 de julio del año pasado, un grupo de integrantes de la Huerta Orgázmika, protagonizó una marcha con pancartas y cánticos frente al Centro de Gestión y Participación correspondiente a ese sector de la ciudad.

La manifestación, indicó la denuncia, fue reprimida por la policía e incluso una de las mujeres que integraba el grupo "fue brutalmente golpeada por los funcionarios policiales, resultando gravemente herida en la cabeza", por lo que debió ser atendida en el hospital Durand, donde le aplicaron siete puntos de sutura.

Los manifestantes se dispersaron y buscaron refugio en el Centro Cultural La Sala, donde la mayoría de ellos trabaja en "diferentes proyectos y talleres comunitarios", pero según la denuncia hasta allí llegó la policía para continuar con la represión.

La descripción de los hechos, acompañada por fotografías y filmaciones, describe episodios de presuntos abusos y malos tratos que abarcaron por igual a jóvenes, mujeres e incluso una embarazada, todos detenidos y trasladados a una comisaría.

"A la embarazada de seis meses no la ingresaron a una celda, dejándola sentada en una habitación cercana, negándole la posibilidad de tomar agua, ir al baño o descansar los brazos que le obligaban a mantener en alto, ya que no tenía esposas colocadas", explicaba el texto.

El escrito narraba lo que padecieron dos jóvenes: "Después de tirarlos al piso y de agredirlos con patadas y golpes de puño, los funcionarios les pisaban la cabeza, miembros y tronco con sus pesados borceguíes mientras jocosamente se preguntaban entre ellos ¿dónde está el detenido, que no lo veo?".

Todos los detenidos fueron liberados, pero contra ellos se inició una causa, la número 65.094, que según las presuntas víctimas del maltrato "pretende justificar lo injustificable en el marco represivo del accionar policial. El atentado y resistencia a la autoridad son imputaciones que usualmente se realizan para encubrir las señales de apaleamiento y demás tormentos que las fuerzas represivas ejecutan".