Además de Pérez Esquivel y Cortiñas, firmaron la presentación Mirta Baravalle y Elia Espen, también de Línea Fundadora; el dirigente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora; el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale; el Colectivo por la Igualdad, el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) y Asambleístas de Andalgalá y Belén -Catamarca-.

En su escrito manifestaron el propósito de "informar sobre la situación, solicitar su intervención para que las expresiones socio-ambientales no sean criminalizadas ni reprimidas y requerirles una serie de medidas que se encuentran dentro del ámbito de las competencias extrajudiciales del máximo Tribunal". fundaron su solicitud en que "en este preocupante contexto, esta Corte Suprema, que ha declarado públicamente su compromiso con los derechos humanos y con los derechos de la naturaleza, debe colaborar para que estas manifestaciones del cuerpo social sean consideradas como un ejercicio democrático y no como la comisión de delitos, para que pueda darse un debate amplio y participativo y no que se repriman las voces de comunidades enteras".

Por tal motivo, los firmantes solicitaron que la Corte Suprema convoque a una audiencia informativa, realice las actividades adecuadas y oportunas dentro de sus facultades "para colaborar inmediatamente con un tratamiento democrático de las manifestaciones públicas y de las protestas sociales que se desarrollan en todo el territorio nacional".