En febrero de 2012, el juez estadounidense Thomas Griesa emitió un fallo en el que le ordenó a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelios, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló a la cámara con el argumento de que esa medida discriminaba a los que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, poniendo en riesgo toda la reestructuración.

Sin embargo, el 26 de octubre de 2012, la Cámara de Apelaciones de Nueva York respaldó el fallo de Griesa y le ordenó al juez que definiera con más precisión cómo hacer efectiva su resolución. El Gobierno reaccionó con duros términos. “Jamás vamos a pagarles a los buitres”, aseguró el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

Griesa se mostró molesto por la reacción del gobierno y el 22 de noviembre de 2012 ordenó que se les pagara a los buitres los 1330 millones de dólares en efectivo el 15 de diciembre de aquel año. Incluso exigió que la Argentina depositara esa cifra en una cuenta de garantía para los buitres, junto con el pago del cupón del PBI.

Cuando parecía que la Argentina se encaminaba a un default técnico, la Cámara de Apelaciones suspendió el fallo y fijó un cronograma de presentaciones de ambas partes. En esas audiencias, la Argentina flexibilizó su postura y propuso reabrir el canje. Los buitres respondieron entonces que no aceptarían ninguna quita y el 23 de agosto de 2013 la Cámara ratificó su postura inicial.

"El juez Griesa dice que se pague todo lo que reclaman, con una visión muy estrecha del problema. Nosotros decimos que si tuviéramos que pagar este reclamo, tal como lo dijo Griesa, habría que pagar 15 mil millones de dólares por todas las demandas que se abrirían, y la verdad es que si uno lo compara con las reservas argentinas esto no es razonable", había advertido la semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Ayer, la presidenta, Cristina Kirchner, a su turno, advirtió que una resolución a favor de los fondos buitre no sólo impactaría sobre la Argentina, sino también sobre el sistema financiero internacional.

La decisión tomada esta mañana por la Corte de EEUU sienta un precedente capaz de afectar todas las renegociaciones de deudas soberanas futuras, porque bastará que un solo acreedor no acepte una propuesta de reestructuración para dejar el conflicto abierto.

Esto es así porque no hay una ley de quiebras internacional que regule la situación de un Estado soberano en default. En las reestructuraciones privadas basta con que un porcentaje mayoritario de los acreedores acepte una oferta para que el resto también deba hacerlo.

Lo mismo ocurre con la ley de quiebras para municipios vigente en Estados Unidos. Esa ley exige sólo un 66 por ciento de adhesión de los acreedores para cerrar la negociación. La Argentina superó holgadamente ese porcentaje, pues el 92,4 por ciento de los acreedores aceptó en su momento la oferta que realizó el Estado argentino.