Ramiro Fresneda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Verbitsky en la presentación del Informe 2012.
Imagen: Jorge Larrosa.

El acceso de las clases populares a la vivienda digna y a la tierra cultivable, el agroextractivismo, la represión de conflictos sociales, la tercerización laboral y el autogobierno policial fueron algunos de los tema candentes examinados durante la presentación del Informe 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es un aporte de diagnóstico y también de propuestas de implementación”, señaló Horacio Verbitsky, titular de la entidad. Durante la conferencia, realizada en la Feria del Libro, expusieron la investigadora Victoria Basualdo; Ramiro Fresneda, de la Asociación de Productores del Noroeste (Apeno); la directora del área de Justicia y Seguridad del Cels, Paula Litvachky, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. “Existen derechos declarados pero no efectivos, lo que afecta a la credibilidad y a los ciudadanos en su conjunto”, aseguró Lorenzetti.

“Este es el decimoseptimo informe que elaboramos, un año más y sería el mismo tiempo que Perón estuvo en el exilio y el que pasó River sin salir campeón en otras épocas”, bromeó Verbitsky, anfitrión del acto realizado en la Sala María Esther de Miguel de la feria, el jueves por la noche. Tras repasar los logros y falencias a diez años de la primera declaración de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, el columnista de Página/12 criticó el modelo de “prisiones-depósito” en algunas cárceles federales y sobre todo en las bonaerenses, y pidió ir hacia “la participación social en el control penitenciario”.

Verbitsky aseguró que luego de recorrer estos depósitos humanos “uno no es el mismo”, e informó que las muertes ocurridas en las penitenciarías bonaerenses durante y después de las recorridas parecen intimidaciones.

“Igual nos vamos a seguir metiendo”, desafió. El titular del CELS también advirtió retrasos en la aplicación de leyes importantes, como la de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Salud Mental, que aún no fue reglamentada pese a ser discutida en varios foros públicos. Verbitsky mencionó la despenalización del aborto como un debate pendiente, que es abordado en el informe.

Luego de destacar el trabajo porque “su valor hace a la gobernabilidad”, Lorenzetti desplegó el marco teórico de las problemáticas analizadas, a las que “une el mismo cemento”. Primero reflexionó sobre la violación del debido proceso del canadiense Maher Arar, quien fue detenido por portación de apellido en Estados Unidos y trasladado a un centro clandestino de detención de la CIA, la central de Inteligencia norteamericana, en Siria. A este retroceso, le sumó el de las leyes antiinmigratorias de ese país.

“Los derechos humanos pueden ser política de gobierno o de Estado, para mí deben ser ambas”, subrayó luego, al definir a los juicios por crímenes de lesa humanidad como parte del “contrato social” de los argentinos. Sobre el acceso a la vivienda y la exclusión social, el presidente de la Corte hizo una observación genérica sobre el trasfondo del problema: “Los países se conforman con firmar declaraciones y luego son temas que terminan siendo accesorios en la agenda política cuando deberían ser centrales. De otra forma no habrá paz social ni seguridad”.

La protesta social contra la minería a cielo abierto y por la tierra en el caso de los pueblos originarios, agregó Lorenzetti, requieren mecanismos de participación social. “Considerar un delito la protesta es un error porque se niega la esencia misma del Estado democrático. El conflicto existe y va a existir, si no sería la paz de los cementerios”, dijo. Además, el magistrado consideró que ante los conflictos ambientales es preciso “aumentar la información y no ocultarla”. Para finalizar, pidió aplicar el “principio de no regresión” en derechos humanos, inmigración y libertades individuales.

La investigadora Victoria Basualdo examinó el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en el contexto de la creación de cuatro millones de empleos en la década pasada y las nuevas luchas sindicales, luego de la flexibilidad laboral en los ’90. “El caso Ferreyra se da en el marco de una creciente movilización por las condiciones de trabajo, tras la fragmentación de clase”, dijo. La tercerización, agregó, es un resabio de las privatizaciones y también del sindicalismo empresario, que debe discutirse.

Por su parte, Ramiro Fresneda, miembro del equipo jurídico de Apenoc, estimó que “la expansión de la renta y el saqueo de los bienes naturales sigue fuerte, no por el gobierno nacional, sino por la acción de las transnacionales de negocios agrarios y mineros”. Luego consideró que no existe “un solo campo”, como los medios de comunicación hicieron creer durante la discusión por las retenciones, y recomendó que la política agraria pase por el acceso y la tenencia de la tierra para el campesinado.

“La agricultura familiar, de poblaciones ancestrales y de pequeños productores genera el 60 por ciento del trabajo en el campo y también el 71 por ciento de los alimentos sanos que llegan a la mesa de los argentinos. Y todo esto con sólo el 13,5 de la superficie cultivable”, aseguró. Fresneda destacó los avances que implican el Estatuto del Peón Rural y la ley de Tierras, y explicó que al campesino, al criollo o al indígena les cuesta mucho acceder a la Justicia. “Necesitamos una nueva política productiva, social, ambiental y sustentable. Nuestro pueblo no come soja, pero ese cultivo se sigue expandiendo, en 2020 ocuparía la mitad de la superficie cultivable”, agregó.

El cierre de la presentación del Informe 2012 estuvo a cargo de Paula Litvachky, del CELS, quien se explayó sobre los núcleos de producción de violencia. Primero mencionó el asesinato “a golpes” de Patricio Barros en una cárcel bonaerense cometido por al menos seis guardias. “La construcción de cárceles no puede ser la política de seguridad”, dijo. Luego criticó la represión en el Parque Indoamericano, en Jujuy y también en Formosa, en el caso de la comunidad Qom. “Es necesaria la reforma penal para terminar con las modificaciones de (Juan Carlos) Blumberg y la inflación penal”, sentenció.