En 2011 se cumplieron diez años del fallo que declaró nula la amnistía en la causa “Simón”, convirtiéndose en el punto de partida de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. “Si bien las falencias son menores que los avances, éstas tienen su importancia. Hay un bajo porcentaje de sentencias firmes, aunque hubo 253 condenas y 20 absoluciones, un número que no es desdeñable y demuestra que acá no funciona un máquina de condenar”, afirmó Horacio Verbitsky.

Este tema ocupa el primer capítulo del Informe 2012 y fue elaborado por Lorena Balardini, quien recuerda que, al momento de ratificar el fallo de la nulidad, la Cámara Federal porteña sostuvo que “la invalidación” de las leyes de la impunidad no constituía “una alternativa”, más bien era “una obligación”. Aunque los juicios arrancaron con tibieza en 2006, año en que sólo hubo dos sentencias, se produjo una reactivación desde 2008 en adelante, con un pico de 21 sentencias en 2011.

“Gran responsable de esto es el accionar de la Unidad Fiscal (de Coordinación y Seguimiento de estas causas), que desde su creación ha consolidado estrategias de persecución penal en las fiscalías de todo el país, y de organizaciones como el CELS, que a partir de diagnósticos de obstáculos y problemáticas ha planificado diferentes estrategias de reactivación y organización”, explicó Balardini.

Entre los desafíos se destacan la implementación generalizada de las estrategias para no revictimizar a los testigos, la inclusión de los delitos de integridad sexual y violencia de género durante la última dictadura como delitos de lesa humanidad y la responsabilidad penal de funcionarios del gobierno de facto y miembros del Poder Judicial.