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La Facultad de Derecho (UBA) aprobó una reforma y actualización de los contenidos de la carrera de Abogacía. “El país vivió cambios muy fuertes en los últimos años. Y el derecho no puede estar ajeno al contexto social de un país con nuevas formas de organización social y con altos índices de pobreza y desempleo”, apuntó el secretario académico de la facultad, Gonzalo Alvarez. Los cambios incluyen una mayor carga horaria (un 35 por ciento más), la obligatoriedad de aprobar un idioma extranjero y también introducen temas hasta ahora excluidos, como el derecho y las tecnologías informáticas, los derechos de los consumidores y usuarios, la regulación de servicios públicos y los denominados derechos de nueva generación. Si bien los representantes de la mayoría estudiantil no rechazan la reforma, sí se oponen al modo en que fue aprobada. “Nos hubiera gustado un proceso de debate más largo y detallado”, señaló un dirigente de la agrupación socialista Nuevo Derecho (ver aparte).
Los más de 30 mil alumnos que ya estudian en la Facultad de Derecho no estarán obligados a cursar bajo las nuevas normas. Los cambios se harán efectivos a partir del 2005: para quienes ingresen en ese año el flamante plan sí será obligatorio; los demás podrán optar por concluir sus estudios bajo el plan actual (tienen plazo hasta 2010) o pasarse al nuevo.
El plan vigente en Abogacía data de 1985. “Teníamos un plan de estudios obsoleto. Estos 18 años tienen en el medio toda la década del ’90, la globalización, con enormes cambios sociales y culturales para el mundo y para la Argentina –dijo el decano Alterini a Página/12–. Esta reforma apunta a formar a los profesionales del tiempo que viene con la más alta calidad y a atender las necesidades de la sociedad que financia y sostiene a la universidad.”
La estructura del plan de estudios no fue modificada: seguirá incluyendo como primer año al Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA y, ya en la propia facultad, la carrera mantendrá su Ciclo Profesional Común y su Ciclo Profesional Orientado, que comprende los dos últimos años de cursada. “Lo que hicimos fue actualizar los contenidos, pero conservando una estructura que brinda formación en principios generales en el primer tramo y, luego, les permite a los estudiantes elegir las materias y construir su propio currículum”, explicó Gonzalo Alvarez, secretario académico de la facultad.
Para reforzar esa estructura abierta, dentro de la reforma aprobada la semana pasada se incluyó la creación de un Programa de Tutorías Académicas: “Un sistema con alta autonomía de los estudiantes no funciona si ellos no tienen al lado a un profesor que los oriente y asesore. Sobre todo, en cómo secuenciar las materias, qué cursar antes y qué después. Además, vamos a ofrecerles trayectos sugeridos”, contó Alvarez.
La reforma que más sentirán los alumnos quizá sea la ampliación de la carga horaria. Bajo el plan vigente, los estudiantes deben cursar un total de 1900 horas de clase para ser abogados. Un lapso bastante corto –según reconocen las autoridades– tanto si se lo compara con otras carreras universitarias como con otras carreras de Abogacía. Un ejemplo: en Brasil las horas obligatorias son 3700.
“El aumento de la carga horaria se va a aplicar recurriendo a nuevas tecnologías no presenciales, para que el incremento no resulte expulsivo para los estudiantes, ya que el 60 por ciento trabaja –dijo el secretario académico–. Hasta ahora, las materias tienen 48 horas de clase presenciales. Vamos a agregarles 20 horas más en actividades no presenciales, fundamentalmente a través de Internet: estudios de caso, juego de roles, simulaciones.” De acuerdo con el último censo estudiantil, el 70 por ciento de los alumnos de Derecho tiene acceso a la web. No obstante, los estudiantes también podrán acceder a las nuevas actividades en otros soportes (discos compactos y papel). Además, se planea ampliar el acceso gratuito a la web en los gabinetes informáticos de la facultad.
Un cambio fuerte será la incorporación de nuevas áreas temáticas en el Ciclo Profesional Orientado. “Los cursos del CPO tendrán que incluir losllamados derechos de nueva generación: de usuarios y consumidores, de familia, como la fertilización asistida, de nuevas tecnologías, de servicios públicos.” También serán obligatorios el estudio del derecho a la integración, con énfasis en el Mercosur, y la aprobación de tres niveles de un idioma extranjero, con el foco puesto en la lectocomprensión de textos jurídicos. Inicialmente se ofrecerá sólo inglés y, más adelante, portugués, francés, italiano, alemán y otros. “No compartimos la tesis que pretende debilitar la enseñanza de grado y elevar la formación de posgrado –indicó Alvarez–. Todos estos cambios pretenden fortalecer la formación de grado.”