[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Gobierno intenta lograr el consenso de las tres centrales sindicales –CGT Daer, CGT Moyano y CTA– para derogar o anular la reforma laboral votada por el Senado en abril del 2000, sobre la que pesan sobradas sospechas del pago de sobornos a legisladores para lograr su aprobación. Ayer, el ministro Carlos Tomada se reunió con una delegación de la CTA, encabezada por Víctor De Gennaro, a la que le anticipó la intención de avanzar rápidamente en un mecanismo para reemplazar la cuestionada norma. La consulta sobre si el propósito es dictar un decreto de necesidad y urgencia o convocar al Congreso para modificar la norma por una ley, recibió una respuesta abierta: “Nada está descartado”.
“Al Presidente (Néstor Kirchner) le interesa el consenso de las tres centrales, no el de los empresarios”, refirió una alta fuente oficial a este diario. El ministro tomó contacto en los últimos días, sucesivamente, con las llamadas CGT oficial y rebelde y con la CTA, completando una rueda tras la que quedó constituida una comisión técnica “para actuar en conjunto y llegar rápido al proyecto de ley o decreto”, según las instrucciones emanadas desde la cartera laboral.
Aunque hay posturas diferenciadas entre las tres centrales, Tomada confía en poder arribar a puntos de acuerdo en base a “cuatro o cinco instituciones básicas”, como les transmitió a las distintas representaciones gremiales con las que se reunió en estos días. Es decir, que junto a la derogación o anulación de la ley laboral del 2000 se dictarían algunas normas que les darían marco a las negociaciones salariales en marcha o por iniciarse, evitando así la necesidad de dictar todo un nuevo cuerpo normativo.
La CGT oficial (la de “los gordos”) estaría dispuesta a llegar a un acuerdo casi sin condicionamientos. Es la más comprometida en la aprobación de la bochornosa flexibilización de abril del 2000 –fue la única que prestó su apoyo– y quiere sacar cuanto antes el tema del centro del escenario. La CGT rebelde, que encabeza Hugo Moyano, se pronunció en favor de la derogación de la ley –es decir, que perdería vigencia de aquí en más–, admitiendo que “no hay marcha atrás posible”, salvo por vía judicial. Pero a través de su representante legal, Héctor Recalde, expresa su intención de fijar todo un nuevo cuerpo normativo, muy cercano al puesto en vigencia en 1974. Ello, a juicio de los más críticos, sería funcional al interés de las entidades patronales que buscan prolongar las discusiones y, así, mantener congeladas las discusiones salariales ante la supuesta “falta de marco legal” aducido por la representación empresaria.
La CTA, en tanto, le señaló al ministro que restablecer ciertas normas en materia de legislación laboral sin dictar, al mismo tiempo, políticas activas de empleo y reforzar los mecanismos de previsión social podría tener efectos extremadamente limitados. “El nivel de desocupación, de subocupación y de desigualdad de ingresos es el mejor flexibilizador”, le señalaron ayer a Tomada. Pero la intención de la cartera de Trabajo no es, por ahora, ir tan lejos. “Hay voluntad política en el Gobierno para dejar sin efecto la reforma laboral del 2000, pero no existe la misma voluntad con respecto al régimen previsional y a las políticas de empleo”, expresó un representante de la CTA ayer tras un encuentro de evaluación de la reunión con Tomada. Sin embargo, la central liderada por De Gennaro expresó ante el ministro su voluntad de renunciar a algunos aspectos de sus demandas en la medida en que se avance rápidamente en el restablecimiento de las negociaciones salariales, en las que sólo en los últimos seis meses se habrían alcanzado 120 acuerdos.
Carlos Tomada, en cambio, respondió positivamente a otros dos reclamos de la CTA. Por un lado, concedió que los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar que sean incorporados al plantel de las pymes por acuerdo con el ministerio, conservarán como un seguro el beneficio por si perdieran posteriormente ese empleo. Por otro lado, el ministro anunció la conformación de una Comisión del Empleo Público con la participación de ATE y UPCN, que tendría facultades para empezar a tratar el tema salarial. “Es una suerte de preparitarias”, definió Horacio Meguira, titular del Departamento Laboral de la CTA. Los participantes de la reunión con el ministro admiten que esas novedades mejoraron notablemente el clima del encuentro, que no sufrió en esta oportunidad el clima de desconfianza que flotó en encuentros anteriores.
En los próximos 15 días, aseguran en la cartera laboral, estará definida la forma de salir de la cuestionada reforma laboral del 2000. Pero el consenso que se alcance no cerrará todas las discusiones. La ley, por sí sola, no garantiza las conquistas laborales. El tema de la representación gremial es una cuestión todavía en disputa y difícilmente pueda haber alguna vez acuerdo entre la CTA y las dos CGT. El ministro, esta vez, prefirió tomar distancia del asunto.