“En estado de emergencia presupuestaria y financiera”, así se declararon las universidades del Comahue y de Avellaneda, mientras otras instituciones se encuentran en una situación similar, aunque por ahora prefirieron evitar difundirlo. La declaración de emergencia significa que, con los fondos previstos, no pueden llegar a fin de año. Desde el Ministerio de Educación prometieron que llegaría para todo el sistema un refuerzo de 400 millones de pesos, pero hasta ahora no se hizo efectivo. Además, de los 500 millones que anunció Mauricio Macri el 2 de mayo para paliar el impacto de la inflación y el tarifazo, aún faltan entregarse 113 millones.

La Universidad del Comahue, que cuenta con más de 30 mil alumnos, tuvo que contraer deuda y achicar gastos para enfrentar la crisis presupuestaria. “Bajamos las actividades no esenciales, como la asistencia a congresos; suspendimos pasajes y viáticos que no tuvieran que ver con carreras de grado; redujimos algunas horas extra y suspendimos un aumento para las autoridades que estaba previsto por el Ministerio de Educación”, explicó a este diario Gustavo Crisafulli, rector de la universidad.

La casa de estudios tiene sedes en diez ciudades de las provincias de Neuquén y Río Negro, lo que aumenta los costos de funcionamiento. “En la Patagonia los precios son un 20 o 30 por ciento más elevados que en el área central del país. Además, tenemos sedes a 650 kilómetros del rectorado, lo que gastamos en comunicación telefónica y movilidad terrestre es muy alto. Una reunión del Consejo Superior (el órgano de cogobierno de la universidad) cuesta cerca de 50 mil pesos. Nuestras partidas para gastos de funcionamiento están agotadas”, resaltó el rector.

El caso de la Universidad de Avellaneda es similar. “Si hoy no gastamos en nada, sólo llegamos a pagar los sueldos de noviembre. Estamos complicados”, explicó a Página/12 Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda. “No se nos pagaron los contratos-programa; del colegio secundario no se pagó nada, tampoco del plan Fines –detalló–. Hay una deuda grande con la universidad.” Para Calzoni, la Undav necesita alrededor de 40 millones de pesos más para llegar a fin de año.

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que se están buscando soluciones. “Estamos atendiendo con cada rector la situación puntual, el origen del déficit. Porque el ministerio transfirió todo en fecha. Y se está avanzando en lo que no se rindió de los contratos-programa”, dijo a este diario Danya Tavela, subsecretaria de Políticas Universitarias. “Uno de los puntos del déficit –agregó– se debe al crecimiento de plantas (docentes y no docentes) que estamos analizando en cada universidad.” También se refirió al refuerzo presupuestario de 400 millones de pesos que se confirmó en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): “El monto estará para noviembre o diciembre”, agregó. De los 113 millones que falta distribuir sobre los 500 prometidos por Macri en mayo, Tavela reiteró que su asignación depende de los “incrementos en gas y agua”.

En el plenario del CIN celebrado en Jujuy el viernes pasado, los funcionarios de Educación aseguraron que los 400 millones se distribuirán con el modelo acordado por el CIN. “Según el criterio del CIN, a Comahue le hubieran correspondido 12 millones, pero nos llegaron 3,8”, se quejó Crisafulli sobre la distribución de los 500 millones. A la UBA le dieron 200 millones. “Muy discrecional”, cuestionaron varios rectores.

La Universidad Nacional de las Artes también se encuentra con graves problemas presupuestarios. “Los alquileres de nueve sedes, después de octubre, ya no los podemos pagar, no tenemos la plata”, dijo a este diario la rectora Sandra Torlucci. “La semana que viene tenemos sesión del Consejo Superior y es probable que decretemos la emergencia presupuestaria, porque eso nos habilita a tomar medidas de urgencia”, adelantó. Torlucci dijo que por contratos-programa la universidad debe recibir unos 15 millones de pesos anuales, pero que al día de hoy “no entró nada”. Y agregó que en el presupuesto del 2017 tampoco están contemplados los recursos necesarios para abonar los alquileres.

Las autoridades académicas consultadas por Página/12 afirmaron que los sueldos “están al día y son la prioridad”, y que incluso el dinero correspondiente a gastos de funcionamiento ha sido usado a veces para pagar salarios.

Según pudo saber este diario, las universidades de Rosario y de La Plata también atraviesan una compleja situación presupuestaria, aunque hasta el momento no lo han expresado públicamente.