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Por J. L.

La Facultad de Filosofía y Letras (UBA) se encamina hacia “el desmantelamiento académico”. Eso denunciaron más de cien profesores y reconocidos intelectuales, quienes responsabilizaron a las autoridades de la casa. El planteo apoya la denuncia realizada, a su vez, por el profesor Luis Alberto Romero. El historiador había acusado al gobierno de la facultad de constituir en forma ilegítima una cátedra paralela a la suya, a cargo de “docentes de mediocres antecedentes”, y de preparar otras cinco cátedras “contra profesores calificados”. Además de repudiar “por infundadas y agraviantes” las denuncias de Romero, el consejo directivo de la facultad sostuvo que “la legitimidad de lo actuado se sostiene tanto en el apego a los estatutos universitarios como en la necesaria pluralidad de enfoques”.
El intenso enfrentamiento entre los profesores de Filosofía y Letras –que ha explotado periódicamente en los últimos años– volvió a encenderse la semana pasada. Esta vez, el desencadenante fue una carta abierta firmada por José Emilio Burucúa, Beatriz Sarlo, Noé Jitrik, Marta Souto, Hilda Sabato, Carlos Altamirano, Sylvia Saítta, Emilio de Ipola, Oscar Terán, Susana Zanetti, Hugo Vezzetti, Alicia Camilloni, Osvaldo Guariglia, Dora Barrancos, Ricardo Ibarlucía, Lucas Luchilo y Samuel Cabanchik, entre otros.
Los docentes manifestaron su apoyo al profesor Romero, titular de Historia Social General. Señalaron que, al crear una cátedra paralela sin concursar el cargo, las autoridades desconocieron “los procedimientos académicos más elementales y generaron una situación que no sólo viola las reglas de funcionamiento sobre las que se funda la vida universitaria, sino que atenta contra la calidad de la enseñanza”. Con respecto a los docentes que integran la nueva cátedra, cuyo titular es José Vazeilles, la carta señala que “la mayor parte de ellos no tiene antecedentes ni formación en el área... y fueron nombrados en función de su filiación partidaria; el programa que se dicta adolece de inconsistencias históricas y conceptuales, y el mecanismo de promoción puesto en vigencia contradice la reglamentación vigente (fue aprobado como ‘excepción’). A todo ello se suma la puesta en marcha de métodos de propaganda reñidos con la ética universitaria”.
El caso llegó, también, al Congreso. Los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical que integran la Comisión de Educación de Diputados recibieron la semana pasada a Romero y le solicitaron una audiencia urgente al rector de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry, para analizar la situación.
La respuesta del gobierno de la facultad –encabezado por el decano Félix Schuster– se produjo en la última sesión ordinaria del consejo directivo. El órgano repudió “enérgicamente las declaraciones del profesor Romero por infundadas y agraviantes hacia el estatuto universitario”, y recordó que es tradición en la facultad la creación de cátedras paralelas “como principio de pluralismo científico y académico”, y detalló que tras “un fructífero debate” el Departamento de Historia propuso un curso paralelo.
El consejo aclaró que el titular y los adjuntos de la nueva cátedra “son profesores concursados de la universidad pública y que los ayudantes nombrados han sido evaluados en las instancias correspondientes”. Apuntó: “Llaman la atención las descalificaciones que realiza el profesor Romero al profesor José Vazeilles y al resto de los docentes de la nueva cátedra paralela, teniendo en cuenta que el propio Romero (junto a los profesores Hilda Sabato y Juan Carlos Korol) fue miembro del jurado que evaluó los méritos del primero en su concurso de renovación como profesor titular, en cuyo dictamen consta que ‘el jurado ha valorado especialmente la formación general del profesor José Vazeilles y su trayectoria docente’”. El vicedecano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, le dirigió a Romero una dura nota en la que lo acusa de haber incurrido en “falacias, difamaciones y ocultamientos”. En el mismo sentido se expresó la lista de mayoría de profesores (Simón Rodríguez), en una nota firmada por Ana María Zubieta, Nora Andrade, Graciela Dragoski, Alcira Bonilla, Roberto Bein, María Rosa Neufeld, Silvia Llomovatte y otros. Los profesores calificaron como “una falacia política” la sugerencia de una posible persecución ideológica: “El profesor Romero, como el conjunto de los integrantes de la cátedra, continúan gozando de sus cargos y rentas en la facultad, sin haber sido en ocasión alguna molestados ni material ni moralmente. Salvo que se piense que instrumentar un curso libre o paralelo atente contra ciertas prácticas del clientelismo político y se visualice en ello algún tipo de perjuicio”.