El actual gobierno de la UBA ya reglamentó el funcionamiento del Consejo Superior, los concursos docentes, las elecciones de consejeros y ahora va por el régimen de estudios. El rector Guillermo Jaim Etcheverry le presentó al Consejo Superior un proyecto para instrumentar un nuevo régimen común de estudios para los alumnos de las carreras de grado. El propósito anunciado es “asegurar la coherencia interna” del sistema de enseñanza de la universidad y garantizar “iguales condiciones y oportunidades” a los estudiantes de las diferentes facultades. También se busca establecer los derechos y las obligaciones de los 294 mil alumnos de la UBA. Uno de los cambios propuestos es que, para conservar la regularidad, los estudiantes aprueben anualmente por lo menos una o dos materias, límite que deberá fijar hacia dentro cada unidad académica.
“Lo que proponemos es unificar el régimen de estudios en la universidad. Hasta ahora había muchas normas dispersas. Para ordenar, planteamos un sistema integral con algunas modificaciones”, comentó a este diario el secretario de Asuntos Académicos, Norberto Corsaro, que elaboró la propuesta a pedido del rector.
El proyecto, que ahora deberá tratar el Consejo Superior de la universidad, estipula normas generales referidas a las actividades de enseñanza, los planes de estudios, los exámenes y demás. Entre otros, prevé los siguientes derechos para los alumnos: disponer de la información necesaria para cumplir con las actividades académicas; inscribirse y cursar las materias ofrecidas; acceder a los servicios de apoyo a la enseñanza (bibliotecas, laboratorios, etc.); hacer investigación y extensión; solicitar becas; conocer la calificación obtenida en cada evaluación; “tener la posibilidad de revisión de las evaluaciones escritas”; opinar periódicamente sobre la gestión docente; recibir orientación al ingresar y durante la carrera. También se contemplan atenciones particulares para los estudiantes con necesidades especiales.
Las obligaciones propuestas incluyen cumplir los requisitos de inscripción y los requerimientos de información solicitados por la universidad; respetar planes de estudios y reglamentos; acreditar la suficiencia de sus conocimientos teóricos y prácticos; registrar la asistencia cuando sea requerida; realizar el examen de salud, y preservar el patrimonio de la universidad.
Uno de los cambios impulsados por el rectorado es que, para mantener la regularidad, los estudiantes deberían aprobar una o dos materias por año, según disponga cada facultad. Hoy rige un mínimo de dos materias cada dos años, por lo que la modificación implicaría elevar la exigencia. “Evaluamos qué pasaría con diferentes alternativas –contó Corsaro–. Si pasábamos a exigir un mínimo superior a dos materias por año, se quedaba afuera el 30 por ciento de los alumnos. Con esta propuesta, la matrícula se mantendría más o menos igual, en equilibrio.”
En el Ciclo Básico Común, conservarían su regularidad quienes aprueben todas las materias en un máximo de cuatro cuatrimestres activos (la duración teórica es dos), siempre que no permanezcan inactivos por más de dos cuatrimestres (inactividad implica no inscribirse ni aprobar materias). Y en las facultades, además de aprobar una o dos asignaturas al año, los estudiantes regulares tendrían que exhibir un número de aplazos inferior al 33 por ciento del plan de estudios (salvo que lleguen a ese porcentaje en las últimas seis materias del plan), así como completar la carrera en un plazo que no exceda el doble del previsto por la facultad.
De perder la regularidad el alumno pasaría a ser libre: podrían dar algunos exámenes en esa condición, pero no podrían rendir así toda la carrera. Cada facultad determinaría cómo se debe solicitar la reinscripción (que demoraría un año). Si al ser reincorporado el plan de estudios no cambió, al alumno se le reconocerán las materias aprobadas, pero si cambió, tendrá que tramitarlas como equivalencias.
“El proyecto es un poco llamativo. Intenta reglamentar la cursada, habla de derechos y obligaciones de los estudiantes pero a nosotros nadie nos consultó nada”, dijo Agustín Vanella, consejero por la mayoría estudiantil. “Subir la exigencia de materias aprobadas para mantener la regularidad es una medida restrictiva, es un impedimento para cursar. No la vamos a apoyar.”