A diez años de su sanción, la Ley de Educación Superior (LES) parece haber traído más problemas que soluciones al sistema universitario. Desde 1995, cuando la impuso el gobierno menemista, la norma es resistida por estudiantes, docentes y, en su mayoría, por las autoridades académicas. De las 38 universidades nacionales, más de veinte se resistieron judicialmente a adecuar sus estatutos a la ley que, entre otras cosas, permite el arancelamiento de los estudios. Incluso, varias instituciones, entre ellas la UBA, promueven su derogación y preparan proyectos alternativos. El año pasado la oposición a la LES generó un intenso conflicto en la Universidad del Comahue, y hoy está vinculada a la crisis que sufre la Universidad de La Plata con el ingreso en Medicina, y también a la toma estudiantil que hace doce días paraliza a la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (ver nota aparte).
En ese contexto, la federación que reúne a todas las fuerzas estudiantiles del país, la FUA, lanza mañana una nueva campaña nacional de sensibilización y movilización que aspira a conseguir otra ley universitaria. Paralelamente, también los docentes universitarios protagonizarán mañana una jornada nacional de clases públicas y una huelga el jueves (ver “Protesta de los docentes”).
En el mismo gobierno se admite la necesidad de modificar el marco legal que rige la educación superior. “Estamos dispuestos a discutir cambios. Desde lo simbólico es fundamental, porque se trata de una ley muy vinculada al momento en que fue sancionada. Pero es un resorte del Congreso”, dijo a este diario el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese. Además, el propio Presidente acaba de manifestar su rechazo al arancelamiento de la universidad, uno de los espolones introducidos por la LES. A su vez, diputados kirchneristas presentaron a fines del año pasado un proyecto para reformar la ley, puntualmente en lo que se refiere al sistema electoral de autoridades académicas.
La Ley de Educación Superior nunca contó con apoyo generalizado dentro de la comunidad universitaria. Más bien todo lo contrario. Ahora, la dirigencia estudiantil cree que es el momento de lograr su reforma. Con la participación de las federaciones de La Plata, Rosario, Litoral, Nordeste, Buenos Aires, Mar del Plata, Entre Ríos, Lomas, San Luis, Villa María, Córdoba, Comahue, Tucumán y Catamarca, la última junta representativa de la FUA aprobó realizar una campaña con tomas, clases públicas y marchas. El plan de lucha será presentado mañana, a las 17, en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Durante la semana que viene, cada federación regional organizará sus actividades y para la semana siguiente se prevé una movilización nacional en Buenos Aires.
El propósito es, “a partir de un genuino proceso de concientización y movilización de toda la comunidad educativa..., desarticular el andamiaje recetado por el Banco Mundial y recitado por el ex presidente Menem”, “articular los consensos necesarios de todos los actores educativos”, y construir “una ley universitaria que respete los principios de gratuidad, ingreso irrestricto, autonomía, cogobierno y extensión universitaria en función social”. El plan de la FUA también busca un aumento del presupuesto educativo, el incremento de las becas y el desprocesamiento de los alumnos “detenidos por defender la educación pública”.
“No hay solución posible para el sistema universitario si no se deroga la LES y se llega a un consenso amplio con los estudiantes, docentes y autoridades –dijo a Página/12 el vicepresidente de la FUA, Marcos Duarte (Franja Morada)–. La mayoría de los problemas que atravesaron las universidades el año pasado, y los que estamos viendo hoy, tienen que ver con la ley. En La Plata, Medicina quiere poner su propio sistema de ingreso en contra del sistema de la universidad, porque la ley dice que algunas facultades pueden hacerlo.” Al conflicto de la Universidad de La Plata se le agrega, entre otros, el que el año pasado se abrió en la del Comahue, en ese caso por la resistencia de alumnos, docentes y autoridades a la acreditación de carreras por la Coneau, el organismo de evaluación creado por la LES.