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Una inminente reforma de la Ley de Educación Superior concentra el rechazo universitario. Con sanción en Diputados y con el Senado listo para darle aprobación definitiva en su próxima sesión, el proyecto pretende habilitar a los egresados de institutos terciarios –e incluso a quienes no pasaron por la educación superior– a cursar estudios de posgrado, algo que hasta ahora está reservado a los graduados en universidades. El consejo de rectores, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y hasta entre los docentes campea la oposición a la reforma.
El proyecto fue presentado hace dos años por la entonces diputada Isabel Foco y firmado, entre otros legisladores de la Alianza, por Adriana Puiggrós. A fines del 2000 fue aprobado por la Cámara de Diputados y desde marzo tiene dictamen favorable de la comisión de educación de la Cámara alta. El bloque del PJ intentaría aprobarlo dentro de dos semanas, mientras la UCR ahora se opone.
En esencia, el proyecto busca cambiar el artículo 39 de la LES (ley 24.521) y agregar un 39 bis. Además de establecer que sólo las universidades y los institutos superiores en convenio con ellas pueden dictar posgrados, la nueva letra abre la posibilidad de que los egresados de instituciones no universitarias (terciarios) puedan realizar cursos posgraduales, siempre que posean título de una carrera de al menos cuatro años de duración. También legisla, para casos excepcionales, la admisión de personas sin educación superior: la única restricción que establece es que los postulantes superen una evaluación específica fijada por el comité académico del posgrado en cuestión.
La propuesta apunta, sobre todo, a la formación docente para el nivel medio: “Las carreras no universitarias de más de cuatro años son los profesorados en disciplinas, por ejemplo en matemática o historia”, explicó Graciela Bar (PJ), presidenta de la Comisión de Educación del Senado. “Lo que se pretende es que estas personas puedan capacitarse en forma permanente. Es una ampliación del derecho a estudiar”, agregó.
Los rechazos de la comunidad universitaria fueron múltiples. “Este cambio de la norma sería un engaño. La persona que sale de un terciario tiene un determinado acceso al conocimiento y capacitación para docencia a nivel secundario. En cambio, la educación universitaria supone una mayor profundidad en el conocimiento y, además, acceso a la investigación. Los cursos de posgrado presuponen que el estudiante trae esa preparación”, dijo Daniel Malcolm, rector de la Universidad de General San Martín y titular de la comisión de posgrados del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En diálogo con Página/12, estimó también que “la formación que brindan los terciarios es muy dispar. Son pocos los de alta calidad”.
En el último plenario del CIN, los rectores de las 36 universidades públicas expresaron su “disconformidad”. Hicieron hincapié en que parangonar títulos universitarios y terciarios es ignorar una diferencia “que no está fundada solamente en la duración de las carreras sino en el tipo de formación y la metodología de acceso”; en que las instituciones terciarias dependen de distintas jurisdicciones, cada una con su regulación, “y no están sujetas por ley a evaluación institucional”; que las universidades públicas y privadas han desarrollado más de 200 programas de complementación para que los egresados de terciarios puedan acceder a títulos universitarios, proceso que sería desalentado si se reforma la LES.
Aunque la Federación Nacional de Docentes Universitarios aún no definió su postura, el secretario gremial, Daniel Ricci, alertó que “algunos quieren ampliar el mercado de los posgrados”. Aunque reconoció que “es legítimo que los egresados de terciarios se quieran capacitar”, consideró que “no es justo equipararlos con los universitarios”.
El presidente de la Coneau, Ernesto Villanueva, estimó que los posgrados “deben guardar un conjunto de parámetros para que su exigencia seacreciente y no decreciente”. Y criticó la postulación de un examen para admitir en los posgrados a personas sin educación superior: “El caso al que probablemente quieran referirse los autores del proyecto sería el de la ‘especial preparación’, tradición establecida en las universidades de todo el mundo por la que se reconocen los méritos excepcionales en reemplazo del título. Pero estos méritos no se prueban en un examen, una condición es su evidencia, su carácter público y manifiesto”.
En defensa de la reforma, la senadora Bar argumentó: “La equidad consiste en que todos tengan la oportunidad de seguir estudiando y, recién después, se les exija. La exigencia debe ser para el egreso, no para el acceso. Y el nivel de las maestrías no tiene por qué decaer. La calidad la fijarán el nivel de los docentes y la exigencia de las instituciones”.