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A partir de agosto, el ingreso mínimo para jubilados y pensionados será de 200 pesos. El Gobierno decidió utilizar el aumento de la recaudación del impuesto a los combustibles para otorgar un subsidio a los retirados con haberes por el subsuelo. Los jubilados que hace más de una década vienen reclamando por un sueldo mínimo de 450 pesos no podrán computar esta suba como un paso hacia esa meta, ya que los pocos pesos que recibirán quienes actualmente ganan menos de 200 serán “no remunerativos”. Esto quiere decir que no se integrarán al salario y que no se tomarán en cuenta para el pago del aguinaldo. Otra contra es que el aporte puede ser removido en cuanto la recaudación trastabille. En el Gobierno dicen que hacen lo que pueden y que es preferible destinar los mayores ingresos tributarios actuales a ese fin que a cualquier otro.
El titular de la Anses, Sergio Massa, adelantó la medida ayer en una reunión de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Previsionales de la Cámara de Diputados. Por la noche se supo que la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, le envió a Eduardo Duhalde el proyecto de decreto. “Es decisión tomada que nadie ganará menos de 200 pesos”, dijeron en esa cartera. Los beneficiarios sumarían 680 mil. Los funcionarios aclararon que no habrá un aumento generalizado de 50 pesos, como algunas asociaciones de jubilados habían entendido, sino que se llevarán los ingresos a 200 pesos. Para algunos, eso significará una mejora de 10 pesos y para otros, los más favorecidos, de 50.
El costo del subsidio será de 28 millones de pesos mensuales, y será cubierto con los recursos que consiguió el Estado por la suba de la recaudación del impuesto a los combustibles. En la misma reunión en el Congreso donde informó sobre esta medida, Massa descartó que pueda reintegrarse el 13 por ciento descontado de las jubilaciones, y se manifestó de acuerdo con el veto que en su momento dispuso Eduardo Duhalde a un artículo del Presupuesto que suprimía el descuento. El punto en cuestión establecía que los trabajadores activos con ingresos superiores a 4800 pesos debían aportar de acuerdo con su sueldo. El Poder Ejecutivo prefirió mantener el tope de aportes en esa suma, por lo que un gerente que cobra 30 mil pesos, sólo aporta sobre un valor de 4800.
El funcionario también descartó que pueda prosperar el proyecto de ley que permite el traspaso de los afiliados de las AFJP al sistema de reparto. La iniciativa fue presentada por la diputada María América González y se consensuó con el justicialismo y el radicalismo, con lo que logró la media sanción de la Cámara baja. La presión de las AFJP sobre el Gobierno logró que el proyecto quede olvidado en un cajón del Senado. Massa admitió que si se habilitara el libre traspaso entre el sistema público y el de capitalización, la recaudación del sistema de reparto crecería de inmediato 130 millones de pesos. Esto es porque hay una gran cantidad de afiliados a las AFJP de más de 40 años que preferirían volver al régimen público. A pesar de ello, en el Gobierno aseguran no tener poder para tomar decisiones de fondo que afecten el interés de los bancos, accionistas mayoritarios de las AFJP.
Otro tema que comentó Massa fue la posibilidad de otorgar un subsidio de 150 pesos a las personas mayores de 70 años que no tengan ingresos jubilatorios ni cuenten con servicios sociales. La medida beneficiaría a unas 250 mil personas y se pondría en marcha a partir de setiembre. Sin embargo, algunos directivos de la Anses dudan de que el subsidio pueda ponerse en marcha para esa fecha por falta de recursos.