Con los gobiernos populares del kirchnerismo se produjo una muy importante recomposición del salario docente universitario, que había tenido valores muy bajos desde 1983 hasta 2004. Entre 2003 y 2012, el incremento en moneda corriente alcanzó un promedio del 942 por ciento, ubicándose en un 872,7 por ciento para el cargo testigo de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva.

Sin embargo, al analizar este período en pesos constantes con valores del Indec, se advierte que esa recomposición es de un 602 por ciento promedio si se toma como base 1999=100 y de 375,8 por ciento si se referencia en 2008=100.

Tomando, en cambio, los IPC generados por las direcciones de Estadística provinciales y en base a una media de éstas, se llega a un aumento promedio de 417,7 por ciento para el total 2003-2012, con base 2006=100. Es decir, un importante aumento por encima de la inflación como se la mida, lo que es un innegable logro de las políticas kirchneristas en la materia, como parte del fuerte incremento del presupuesto educativo en general y universitario en particular.

Estas consideraciones son necesarias para introducir la discusión acerca de la próxima negociación salarial, ya que el propio ministerio reconoció que la paritaria nacional docente es un “piso” para la negociación provincial. También debiera ser éste el criterio para la paritaria universitaria. En este caso se vuelve necesario recordar que la profesión docente universitaria es un tipo particular de actividad que forma a futuros profesionales, produce conocimiento, investiga y desarrolla tecnologías. Para ingresar a la mayoría de los puestos de trabajo no se requiere más que un título secundario, mientras que para hacerlo en la docencia se requiere un título de grado. Para progresar, es moneda corriente que se requieran títulos de posgrado. Es decir, un alto grado de preparación profesional, sólo equiparable en el ámbito estatal a la carrera judicial (se requiere ser abogado para los escalones superiores y un buen currículum para convertirse en juez) y a la carrera diplomática.

Planteado esto, y tomando como base el máximo salario percibido por un docente universitario, que es un profesor titular con dedicación exclusiva, y el máximo de antigüedad, que hoy asciende a poco menos de 15 mil pesos netos, se advierte una profunda desigualdad e inequidad.

Para llegar a este nivel hay que tener dedicación exclusiva, más de 25 años de antigüedad y haber ganado concursos para el cargo. Para la planta docente existente, esto es menos del uno por ciento del total. Mientras tanto, el escalón inicial de la carrera, ayudante de primera (dedicación exclusiva), cobra hoy 4811 pesos de bolsillo, mucho menos que trabajadores que no requieren más título que el secundario.

Estos números no tienen otro propósito más que reflexionar hacia dónde deben encaminarse los esfuerzos del Gobierno y los sindicatos al discutir los salarios universitarios.

Si se tomara como criterio la equiparación del tope del escalafón universitario con el cargo máximo en la carrera judicial (juez de la Corte Suprema), podría construirse una equiparación razonable. Aun cuando se tomara el cargo de juez nacional de primera instancia, ya se presentaría una situación más justa (aproximadamente cobran unos 30 mil pesos netos). Considérese que sólo una ínfima cantidad de la planta docente llega a ser titular con el máximo de antigüedad y dedicación exclusiva.

Esto permitiría comenzar a construir un criterio sobre la base del nomenclador de la escala salarial docente, ya que el básico neto del titular exclusiva sería de alrededor de 13 mil pesos sin antigüedad y el ayudante de primera exclusiva 8500, también sin antigüedad, mientras que el cargo testigo estaría en unos 4250 sin antigüedad.

Para lograrlo se puede plantear un Plan Plurianual de Recomposición Salarial que busque construir criterios comunes y acordados, que sea posible de ser pagado por el Tesoro y que busque la jerarquización profesional necesaria. Se ha hecho mucho en estos años, pero el criterio no puede ser sólo equiparar la inflación, o ganarle de mano, sino jerarquizar la labor docente universitaria y establecer una remuneración justa para lo que implica la profesión docente para el país.

* Sociólogo, docente e investigador de la UBA; secretario general del Frente Grande porteño; ex secretario general de Aduba.