El Gobierno le otorgó mayores atribuciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) con intención de mejorar los controles para combatir el lavado de dinero. Esta decisión, publicada ayer en el Boletín Oficial, fue en respuesta a la presión que está ejerciendo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en febrero podría sancionar a la Argentina. Para reforzar su influencia, ayer llegó al país el presidente del organismo internacional, Luis Urrutia Corral, quien se reunió con el ministro de Justicia, Julio Alak, y con el titular de la UIF, José Sbatella. Los funcionarios le presentaron un plan de acción para coordinar medidas contra el lavado, en otro gesto que busca evitar la amonestación.

Las principales críticas del GAFI tienen que ver con la falta de penas en causas abiertas, la inexistencia de una legislación que prevenga el autolavado y que los distintos organismos de regulación no cooperan entre sí. En relación a este último tema, la Comisión Nacional de Valores (CNV) elaboró un proyecto de ley para levantar el secreto entre los diferentes reguladores, como la AFIP, el BCR y la propia CNV, entre otros, sin la necesidad de requerir una orden judicial. La iniciativa, que es una exigencia del GAFI, ya está en manos del ministro de Economía, Amado Boudou, según dijeron a Página/12 fuentes oficiales.

De acuerdo con la resolución que se conoció ayer, la UIF tendrá a su cargo la coordinación y representación ante el GAFI y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas. Sbatella asumirá las funciones que antes tenía el coordinador nacional de las políticas antilavado, Alejandro Strega, como representante del país ante el organismo internacional. El titular de la UIF será el responsable de llevar adelante todas las políticas relacionadas al lavado de dinero. Pero sobre todo deberá convencer a las autoridades del GAFI de que Argentina está llevando adelante las reformas que le han solicitado.

Hace dos meses, la entidad que preside Urrutia Corral emitió un dictamen donde especificó que el país no cumplía con 47 de las 49 recomendaciones del organismo que guían a nivel mundial la lucha contra el lavado de dinero. Además, había señalado 250 deficiencias de todo tipo. Por todo esto, Argentina quedó bajo un “proceso de seguimiento riguroso e intensivo”. La visita del titular del GAFI se enmarca en estas críticas.

Luego de ese duro informe, el organismo había fijado un plazo de cien días para la adecuación de todas las “recomendaciones”. Ese tiempo límite vencerá en febrero, cuando se realizará una nueva reunión del GAFI en París. Muchas de las “recomendaciones” pueden saldarse por decreto, como los cambios realizados en la UIF. Sin embargo, hay varios temas en los que sólo podrá avanzarse por ley, como las modificaciones en la ley de lavado. Las negociaciones con la UIF son contra reloj, por eso la CNV terminó de elaborar un proyecto de ley cuyo objetivo principal es que los organismos de control puedan hacerse consultas entre sí sin que medie ningún tipo de secreto. “La idea es que si la CNV necesita información de la AFIP, pueda solicitarla sin que el ente recaudador se excuse en el secreto fiscal. Pretendemos que la información sea transparente entre todos los organismos reguladores”, indicaron a Página/12 desde la CNV.

Por otro lado, la iniciativa busca modificar la ley de oferta pública (17.811), con la intención de que la CNV tenga la facultad de sancionar a los agentes de bolsa y del mercado en caso de detectar irregularidades. Otro de los temas pendientes, y para los cuales el GAFI está reclamando celeridad, tiene que ver con el “autolavado de activos”, lo que permitiría rastrear con más detalle el origen del dinero ilegal. Durante una reunión de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, realizada en mayo de este año, Sbatella se comprometió a enviar el nuevo marco regulatorio “lo antes posible”. La fecha límite para convencer al GAFI será febrero de 2011.