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El proyecto de ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales tiene la virtud de plantear un debate que ha sido históricamente postergado. La iniciativa establece una serie de limitaciones a la venta de campos a extranjeros, al fijar un máximo de hasta un 20 por ciento del total, margen que probablemente será acordado en el Congreso para disminuirlo, y define la tierra como un recurso no renovable. Esta propuesta abre un espacio notable para discutir cómo está distribuida la tierra en el territorio nacional, quiénes son los dueños de los campos, qué uso se hace del suelo y cuánto contribuyen al fisco los propietarios de ese recurso natural estratégico. La inquietud por la tenencia en manos extranjeras provoca una sorprendente coincidencia entre fuerzas políticas de origen ideológico enfrentadas. No existe esa misma confluencia cuando se trata de observar el comportamiento de los dueños de capital nacional. La discusión que se iniciará por la presencia de inversores del exterior en propiedades rurales inevitablemente derivará en la oportunidad de empezar a ampliar los márgenes del imprescindible análisis sobre el uso y tenencia de la tierra en términos generales.

Uno de esos aspectos se refiere a la carga impositiva sobre el sector, cuestión que provoca una fuerte resistencia en los propietarios de campos sin distinción de banderas en el capital. La evasión en el pago de Ganancias, la elusión impositiva y la triangulación de operaciones para eludir al fisco son un rasgo destacado. Estas son maniobras para pagar menos, pero lo particular de esta actividad es que sus protagonistas han logrado que los impuestos directos que los alcanzan sean insignificantes de acuerdo con su patrimonio. Están exentos de Ingresos Brutos siendo el caso más perturbador el Impuesto inmobiliario rural. Desembolsan apenas pocas monedas por ser dueños de las tierras más fértiles y productivas del país en la rica pampa húmeda. Cuando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba intentaron reformas modestas para incrementar la recaudación y hacer más progresivo ese tributo, recibieron como respuesta un fuerte rechazo que las obligó a moderar aún más los cambios previstos. Esa oposición se presentó en el marco político y social de la derrota de la Resolución 125 y la irrupción del poder agromediático. Pero esa resistencia tiene una raíz histórica que excede situaciones coyunturales. En Buenos Aires se intentó una reforma fiscal en 2009 que disponía el revalúo de las propiedades manteniendo las alícuotas que determinan el monto a pagar en concepto de Impuesto inmobiliario rural. Esas valuaciones se mantenían sin variaciones desde 2002 pese al impresionante aumento del precio de los campos. El gobierno provincial terminó cediendo ante los reclamos de la Mesa de Enlace agropecuaria bonaerense, abandonando el revalúo realizado en 2005.

El Impuesto inmobiliario rural es uno de los pocos tributos que involucran a la actividad agropecuaria y, si fuera bien aplicado, permitiría gravar teniendo en cuenta la heterogeneidad entre las unidades productivas. En un reciente documento elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos se destaca que “la participación en el total de la recaudación de las provincias pampeanas es despreciable”. Se explica que la provincia de Buenos Aires tiene el sistema de fijación y recaudación de ese impuesto más sofisticado de la región, y pese a ello representa apenas el 2 por ciento promedio de los ingresos tributarios totales desde 2001 al 2010. “Esto es aún más escalofriante cuando se observa el aumento del precio de la tierra, en particular en la región núcleo, del 2002 a la fecha”, indican los economistas del IEFE en esa investigación publicada en su último informe.

En 2010, la provincia de Buenos Aires recaudó en todo concepto de Impuesto inmobiliario (urbano, baldíos y rural) 1681 millones de pesos, poco más del 6,5 por ciento de la recaudación total. Apenas 580 millones de pesos corresponde a los campos, un 34,5 por ciento del total de la imposición inmobiliaria y un insignificante 2,2 por ciento sobre la recaudación total. Si se ignorara que Buenos Aires concentra parte de las tierras más ricas del país, se podría pensar que la propiedad rural es marginal en ese territorio. La situación es la opuesta. Se estima que en la provincia existen unas 26 millones de hectáreas productivas. Los investigadores del IEFE calcularon entonces que en 2010 los dueños de los campos más rentables y productivos contabilizaron un pago anual promedio de 22,30 pesos por hectárea, “sin considerar las exenciones ni la terrible evasión”, aclararon.

Uno de los factores que colaboran para confundir este debate se encuentra en que la estructura del Impuesto inmobiliario rural de la provincia de Buenos Aires es, en apariencia, progresiva. Pero no lo es en los hechos por tres elementos:

1. Los coeficientes de productividad diferenciales para las distintas zonas productivas no responden a la realidad de la actual estructura de producción. “El patrón de producción del que se desprenden las divisiones tradicionales a partir de las cuales se zonifica la región pampeana, y puntualmente a la provincia de Buenos Aires, se vio fuertemente alterado a partir del proceso de sojización”, exponen los expertos del IEFE. El boom de la soja ha derivado en una sustancial modificación del perfil productivo, lo que impone la necesidad de una revisión de los actuales índices de productividad que resultará en una carga impositiva más acorde con las realidades de cada productor.

2. Las alícuotas vigentes están desactualizadas teniendo en cuenta las diferentes condiciones de producción entre grandes y pequeños productores. Por caso, la máxima escala tributaria corresponde a una valuación de 870 mil pesos, que equivaldría a un campo de sólo 20 hectáreas en la zona núcleo. Así, casi todos los campos estarían tributando lo mismo, desde un productor de 100 o 1000 hectáreas hasta uno de 50 mil. “La desagregación de las escalas de imposición que cubran un espectro mayor de valuación constituye una tarea prioritaria”, se propone en el documento del IEFE. También se apunta a la importancia de una correcta fijación de alícuotas según el tamaño de la parcela en función del catastro y en especial en base al registro de propiedad. Así se empezaría a diseñar una arquitectura inmobiliaria rural equitativa teniendo en cuenta que, en base a una investigación de Enrique Arceo y Eduardo Basualdo, los grandes propietarios de tierras han implementado una subdivisión catastral con el objeto de pagar menos del ya exiguo Impuesto inmobiliario rural. El campo es uno solo, del mismo dueño que se beneficia de escalas de producción más grandes, pero lo dividen en múltiples parcelas.

3. “La vergonzosa falta de actualización de las valuaciones fiscales de los campos de la provincia de Buenos Aires”, sentencian los investigadores del IEFE. La megadevaluación y el alza de los precios internacionales de los commodities agropecuarios generaron un aumento extraordinario de la rentabilidad del sector. Este resultado impulsó el crecimiento del precio de la tierra, alcanzando niveles de los más altos en términos históricos. La conclusión de esa investigación, además de aconsejar una inmediata reforma de la estructura del impuesto inmobiliario rural, es que muchos de los productores agropecuarios más ricos del mundo, nacionales y extranjeros, que tienen campos en la región pampeana, abonan pocas monedas por ese patrimonio millonario.

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