El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a los miembros del directorio de Siderar, empresa controlada por Techint, a quienes atribuye haber desconocido la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 441, que amplió la participación de la Anses en las empresas en las cuales tiene participación accionaria, y no haber justificado el destino de unos 6455 millones de pesos de ganancias no distribuidas. Marijuan indicó en su presentación que “el tipo penal sería una especie de administración fraudulenta”, por lo cual se prevén penas de prisión de seis meses a dos años. La acusación del fiscal fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo. En respuesta, Siderar difundió un comunicado donde señala diversas inversiones que serían contrapartida de los dividendos no distribuidos y resalta que la retención de ganancias se viene practicando desde 2003 sin ningún cuestionamiento por parte de la Anses. La firma no se refirió al supuesto desconocimiento del DNU que señaló el fiscal.

Marijuan está a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises). Es decir, los casos que involucran a la Anses. Uno de los dos cuestionamientos que hizo a Siderar es el trato que la asamblea de accionistas –del 15 de abril– le dio al DNU 441. Ese decreto eliminó el techo del 5 por ciento en la participación política de la Anses como accionista, de manera que en Siderar su peso pasó a ser del 25,97 por ciento. En esa asamblea, el representante de Ternium, que es la sociedad que actúa como accionista principal y está controlada por Techint, manifestó que el decreto presidencial “era inconstitucional y violatorio de la Constitución nacional”, por lo que propuso establecer un mecanismo de doble voto, tanto en función de la nueva norma como de la disposición anterior (5 y 25,97 por ciento).

La moción de Ternium fue aprobada por mayoría (sólo la Anses votó en contra), “desoyendo, bajo esta llamativa forma de actuación societaria, un decreto dictado por la propia presidenta de la Nación en uso pleno de sus facultades”, destaca en su denuncia el fiscal. “Constituye una clara vulneración de los principios y garantías constitucionales, por cuanto no se permitió a la Anses ejercer un mayor y mejor control sobre las decisiones a adoptarse y que pueden vulnerar futuros beneficios económicos para las personas que conforman el sistema previsional argentino”, agrega.

El otro eje sobre el cual se basa la denuncia son los dividendos no distribuidos por Siderar. En la asamblea se aprobó el reparto de 1511 millones de pesos, “sin brindar mayores explicaciones sobre el destino de los 6455 millones de pesos originados en ganancias de ejercicios previos y derivados a reserva para futuros dividendos”, una práctica que “vulnera los derechos de todos los argentinos al acceso a una jubilación digna”, indica Marijuan. Según la Ley de Sociedades Comerciales, los dividendos acumulados cobran actualidad en cada ejercicio, por lo que deben ser tratados anualmente.

“Corresponde señalar que el principio de prevalencia de la mayoría no es un derecho absoluto” y “lo actuado por la parte mayoritaria constituye un claro abuso de derecho” que “esconde una maniobra destinada a oprimir a las minorías”, señala Marijuan. “Su actuar constituye una expropiación virtual y sin indemnización”, agrega. Este “retaceo de información sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de una firma” es encuadrado por el fiscal dentro de los alcances del artículo 300 del Código Penal de la Nación, que establece penas de prisión de seis meses a dos años para el director que realice tales acciones.

Siderar emitió ayer un comunicado donde señala que la “cuenta reserva para futuros dividendos” que consigna los 6455 millones de pesos no distribuidos “tiene como contrapartida inversiones que la sociedad ha hecho en maquinaria, equipos, capital de trabajo y otros activos necesarios para el desarrollo de la compañía”. Agrega que “dicha reserva fue constituida sustancialmente a partir de 2003” y los balances que la consignan “nunca fueron impugnados por ninguno de los accionistas, ni por los organismos de control, hasta la última asamblea”.

En relación con el tratamiento que la empresa hizo del DNU 441, Marijuan encuadra la conducta en el artículo 301 del Código Penal, que también establece prisión de seis meses a dos años para los directores que realicen “actos contrarios a la ley, de los cuales pueda derivar algún perjuicio”. En su denuncia el fiscal sugirió “el allanamiento de Siderar, a efectos de proceder al secuestro de la totalidad de libros contables que guarden relación con los períodos cuestionados”. La denuncia alcanza a los miembros del directorio y “eventualmente a aquellos accionistas que conocieran las circunstancias”, informaron fuentes judiciales a Página/12.

Desde la Anses tomaron la denuncia de Marijuan como una ratificación del recurso administrativo que presentaron para frenar las decisiones adoptadas en la polémica asamblea de accionistas del 15 de abril, que ahora también es cuestionada en el fuero penal.

El conflicto entre la Anses y Techint surgió por la negativa de la compañía a aceptar como director por el Estado al economista Axel Kicillof. Esa disputa central se podría resolver el próximo 21 de julio, cuando está prevista una nueva asamblea donde se volverá a poner a consideración la aprobación del balance y la distribución de dividendos. También se votará la conformación del directorio, donde el Estado buscará colocar tres representantes.