El Gobierno multó a Movistar, la compañía de comunicaciones móviles de la española Telefónica, por la caída masiva de su servicio ocurrida el pasado 2 de abril, que afectó a más de 18 millones de usuarios. La resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) fijó una multa de 6,75 millones de pesos que recaudará el Estado nacional y estableció un resarcimiento económico de 10 pesos por cada usuario afectado, lo que significará para la compañía 185 millones de pesos, aproximadamente el 10 por ciento de la ganancia neta que obtuvo el año pasado. La empresa deberá acreditar el saldo a favor en las próximas facturas (pospagos) y para el caso de los prepagos –que son la mayoría de los usuarios– se deberá adjudicar el resarcimiento dentro de los próximos diez días. El ministro de Planificación Julio De Vido sostuvo que la sanción es “ejemplificadora y preventiva” y le exigió a Movistar, Telefónica y el resto de las compañías del sector que inviertan más en la calidad del servicio y en la seguridad de las redes. “Las inversiones deben ser acordes con las ganancias. No puede haber ganancia legítima sin inversiones que la apalanquen. La falta de seguridad, continuidad y calidad es lo que estamos sancionando hoy”, manifestó el funcionario.

Movistar tiene 2,1 millones de usuarios en la modalidad pospago, y otros 16,4 millones bajo el modelo prepago, en total son 18,5 millones de clientes que fueron afectados por la caída abrupta del servicio hace cuarenta días. La modalidad de resarcimiento económico está comprendida en la actual ley de defensa del consumidor, bajo el capítulo Daños Directos (artículo 40). “Los diez pesos por usuario pueden ser considerados como un anticipo de indemnización. Si alguien presupone que tuvo un daño mayor, puede reclamar en forma particular. Por otro lado, si se tiene en cuenta la ganancia total de la compañía, el resarcimiento es bastante significativo”, indicó a Página/12 Claudio Boada, abogado de la organización Usuarios y Consumidores.

Dos días antes de la falla técnica –la empresa la adjudica a una suerte de sabotaje, cuya denuncia recayó en el juzgado de Canicoba Corral–, Telefónica dio a conocer las ganancias globales. Según su balance 2011, Movistar obtuvo utilidades por 318 millones de euros. “Nosotros ya hicimos un resarcimiento (mensajes de textos gratuitos durante Semana Santa y la extensión de los abonos por 48 horas). Tendríamos que ver lo que dimos nosotros y lo que fija la resolución. Nuestros abogados están estudiando la decisión del Gobierno”, indicó a este diario una fuente de la compañía. “La multa es así. Lo que ellos dieron a sus clientes no fue resarcimiento sino parte de una acción comercial para contener a sus clientes”, afirmaron a Página/12 desde Planificación.

“El sistema está desregulado, tiene tarifas de mercado, no hay ninguna razón que pudiera justificar una falencia en términos de seguridad de las redes de telecomunicaciones”, indicó De Vido durante la conferencia de prensa. Tan desregulado está el sistema que los usuarios de menores recursos, que son los que acceden al servicio prepago, pagan las llamadas más caras. Un estudio realizado por el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (Dirsi, 2009), titulado Tarifas y brecha de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe, registró que en el país los servicios prepagos eran un 25 por ciento más caros que los otros. En contraposición, Venezuela registraba una tarifa de pospago un 50 por ciento superior al esquema prepago.

“Hay toda una nueva etapa en la cual se busca cambiar el rol del Estado. La sintonía fina es una mayor intervención del Estado para controlar las inversiones de las empresas de servicios públicos”, indicó Boada. Entonces, ¿por qué no considerar a la telefonía móvil un servicio público, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios (50 millones de líneas habilitadas), que utilizan estos servicios para mantener relaciones de amistad, para el trabajo y para acceder a la sociedad del conocimiento? El mercado de la telefonía móvil en el país está dominado por tres compañías: Movistar, Personal, de la italoargentina Telecom y Claro, propiedad de la mexicana Telmex. Estos prestadores concentran el 98 por ciento del sector medido en accesos y el 91 por ciento de acuerdo con sus ingresos.

“También vamos a exigir a las prestadoras de telefonía fija que hagan las inversiones que no están haciendo. No es una amenaza, es una advertencia. Por las líneas fijas no sólo pasa el teléfono sino la banda ancha. Vamos a intimar a las empresas de telefonía celular a que incrementen las potencias de sus señales.”

Internet es la clave. A partir del año 2000, cuando Telefónica y Telecom dejaron de gozar del oligopolio de la telefonía fija, la crema del negocio quedó concentrada en el segmento de Internet y la telefonía móvil, donde no existe un marco regulatorio específico.

“Convergencia mediante, cada vez están menos identificados los accesos a Internet. Hoy se puede acceder a la red desde un celular o una computadora. En este sentido, los márgenes de ganancias que tienen las empresas por sus redes son cada vez menores. Ahí es donde podría entrar un esquema para que el Estado se haga cargo nuevamente de la red central, y los privados compitan sólo por la última milla (el servicio que llega a los hogares)”, explicó a este diario el director de la consultora Amplifica y docente de la UBA, Fernando Amdan. El Plan Argentina Conectada, que incluye la construcción de 58.000 kilómetros de red de fibra óptica, va en ese sentido.

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