La política en materia de jubilaciones muestra cambios profundos en los últimos años. Se eliminaron las AFJP, los haberes registran un proceso de recomposición –que aún debe continuar–, se aprobó por ley que todos los jubilados y pensionados tienen derecho a dos aumentos por año (subas que superan el 170 por ciento desde 2009 a la fecha, muy por arriba de la inflación de las consultoras privadas y de las mejoras salariales de la mayoría de los gremios), los beneficiarios de la Anses pueden obtener créditos a tasas y plazos accesibles, la cobertura previsional creció del 55 al 95 por ciento, los ahorros acumulados se usan para obras de infraestructura y planes de vivienda y la tasa de sustitución de los nuevos jubilados ronda el 75 por ciento. Sin embargo, la Anses se encuentra en el ojo de la tormenta, con duras críticas de sectores de la oposición y la Justicia. Diego Bossio, titular del organismo, polemiza con ellos en esta entrevista exclusiva con Página/12.

–Sectores de la oposición y de la Justicia cuestionan que la Anses destine parte de su presupuesto al pago de la Asignación Universal por Hijo o al plan de computadoras para estudiantes. Dicen que ese dinero debería ir a los jubilados. ¿Cuál es su visión?

–El sistema de seguridad social tiene dos fuentes de financiamiento. El 55 por ciento de los recursos son aportes y contribuciones de los trabajadores formales y las empresas. El 45 por ciento restante surge de la recaudación de impuestos nacionales. Parte de los ingresos por IVA, Ganancias, por el impuesto a los cigarrillos y a los combustibles, entre otros, se derivan a la Anses. Por lo cual, cualquier persona que va a un supermercado y compra algo está aportando al sistema de seguridad social. Es natural que eso genere derechos. Los trabajadores informales y los desocupados también aportan a la seguridad social de ese modo.

–La oposición afirma que es la plata de los jubilados.

–No, es la plata de los trabajadores y del conjunto de los argentinos que financian a la seguridad social. La Anses tiene que cumplir con todos. Pagamos jubilaciones y pensiones, que han sido multiplicadas y aumentadas: casi se duplicó la cantidad de beneficiarios que había en 2003. Pagamos las asignaciones familiares de los trabajadores formales, y recientemente incluimos a 253 mil trabajadores al régimen. Pagamos la Asignación Universal por Hijo, que es un nuevo derecho, que corresponde por lo que decía antes, porque aportan, y además es una medida de justicia social. En cuanto a las netbooks para estudiantes, el plan se financia con fondos del Tesoro. La Anses lo administra, pero no pone la plata. Y las pensiones no contributivas hace muchísimos años que las financia la seguridad social, como marca la ley. Estamos pagando lo que dice la ley y lo que efectivamente está preparado en términos tributarios.

–Otro reclamo repetido es que se utilice parte de los ahorros acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para aumentar las jubilaciones.

–Pero es imposible. El fondo es un stock, un ahorro. Asignarlo a un gasto corriente, a un flujo, lo agotaría en poco tiempo y después no habría recursos para responder a los compromisos asumidos. El fondo no está preparado para eso, ni aquí ni en ningún país del mundo. Todos los sistemas de reparto tienen un fondo para responder a una eventualidad, para garantizar el pago de prestaciones en circunstancias complicadas. El fondo sirve para evitar que se bajen las jubilaciones un 13 por ciento como en 2001 si hay una situación de crisis. El otro gran objetivo es utilizar ese ahorro para financiar actividades que generen trabajo. Con más trabajo hay más aportes, más contribuciones, más consumo, más pago de impuestos y, en definitiva, mejoras para la seguridad social.

–Se le reprocha a la Anses que apele las sentencias judiciales en favor de los jubilados.

–Todos los abogados del Estado tienen la obligación de apelar, y es lógico. Es una forma de resguardar el patrimonio público y evitar la corrupción. Si el Estado dejara pasar las cosas sería una locura. Hay doctrina internacional en la materia. Lo hemos estudiado en América latina y es en todos lados igual. Incluso en Ecuador el juez tiene la obligación de avisarle al funcionario público superior si un subordinado no apeló, y se suspenden los plazos procesales. Es una forma de evitar abusos, si no, la simple connivencia entre un abogado y un empleado de la Anses haría estragos. Hay un caso reciente en el organismo que tuvimos que echar a un empleado porque dejaba correr los tiempos procesales. No contestó veinte demandas, doce de un mismo abogado, y el Estado quedaba desguarnecido. Eso ocurre habiendo fuertes controles, es fácil imaginar qué pasaría si tuviéramos una política débil en este sentido. E insisto, la resolución 955 nos obliga a apelar.

–El Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo compromete a limitar las apelaciones.

–El acuerdo nos compromete a no apelar el fallo Badaro “puro”, y es lo que hacemos. No apelamos fallos de primera instancia fundados en la doctrina Badaro de la Corte Suprema. Apelamos cuando el fallo no es “puro”. Es decir, cuando cambian las condiciones que impuso la Corte. Hay muchas sentencias que aplican Badaro con “condimentos”. Por ejemplo, extienden el alcance de Badaro de 2002 a 2009, cuando la Corte limitó taxativamente el plazo de 2002 a 2006. También cambian los parámetros del fallo, dictan reglas que no son las que puso la Corte. Eso nos obliga a apelar, por lo que explicaba antes. Si lo dejáramos pasar, cada juez haría cualquier cosa. Lo que vemos es que hay muchos jueces que tienen vocación legislativa. Pero no es su función. Si quieren legislar, si quieren gobernar, que se presenten a elecciones. Además, respecto del acuerdo en la OEA, es en respuesta a una presentación de 1995, contra la ley de Solidaridad Previsional de Cavallo. La distancia entre ese momento y la actualidad en materia previsional es sideral. Aumentamos las jubilaciones, llevamos la cobertura al 95 por ciento, se aprobaron por ley dos aumentos obligatorios al año. No tiene nada que ver un momento con otro.

–¿Y por qué crece la litigiosidad previsional?

–No, la litigiosidad previsional está bajando, y va a seguir bajando porque desde que se aprobó la ley de movilidad el sistema está ordenado. Los nuevos jubilados están cobrando con una tasa de sustitución promedio del 75 por ciento. La litigiosidad es el arrastre del colapso en que habían dejado al país y al sistema de jubilaciones. Además, contabilizan cualquier cosa. El fuero de la Seguridad Social también trata demandas por obras sociales, por accidentes del trabajo, por las ART, pero cuentan todo junto y dicen que son reclamos previsionales.

–¿La Anses demora el pago de sentencias?

–No, todo lo contrario. Lo que pasa es que algunos medios desinforman. La Anses cumple el pago de sentencias y lo va a seguir haciendo. Se lo dije a la Corte Suprema en la última reunión. El mes pasado pagamos 4200 sentencias, en diciembre vamos a pagar 650 millones de pesos, un record total. Los empleados del área de legales trabajaron este sábado y domingo para sacar sentencias. Tomamos cien empleados para apurar las liquidaciones. Hemos reconfigurado el área, pusimos más recursos, más tecnología. Hay voluntad y capacidad para hacer frente a las sentencias. En segundo punto, las sentencias son de carácter particular, no general. Nosotros en términos particulares pagamos y nunca hubo otro gobierno que pagara tantas sentencias como nosotros, y en efectivo, que es otro cambio radical. Pero de fondo hay un tema, que es el cuestionamiento de un poder del Estado, la Justicia, hacia el Poder Ejecutivo. Los cuestionamientos son por decisiones que se tomaron oportunamente, que fueron decisiones con criterio de equidad, de distribución, de justicia social, que es haber aumentado más la mínima que el resto de las jubilaciones. Hay que ponerse en el 2003, ponerse en los zapatos de ese momento: un país que estaba devastado, un presidente que ganaba con el 22 por ciento de los votos, y que tenía que dar respuestas. Entonces aumentó la mínima más que el resto de las jubilaciones. Fue una situación de reparación. Después hubo un segundo proceso, que fue el plan de inclusión jubilatoria: el Estado reivindicó la situación de millones de compatriotas que habían trabajado, pero no tenían aportes porque estuvieron en la informalidad o porque hubo 25 por ciento de desempleo en la Argentina hace diez años. Esas dos decisiones implican que el Estado tenga que contar con más recursos. Y tenemos los recursos para pagar en tiempo y forma. Ahora, si la Justicia cuestiona esas decisiones, diciendo que estuvo mal no haberle aumentado al resto de los jubilados, que son quienes ganaban más de mil pesos entre 2002 y 2006, y eso se quiere universalizar... Bueno, ahí hay un problema, porque no se pregunta si esa medida es consistente en el tiempo, si se puede pagar siempre. Porque la clave está en pagar hoy y siempre las jubilaciones y las pensiones. Cuando uno gobierna asigna prioridades, y las prioridades fueron los que menos tenían y los que no estaban incluidos. Corresponde a la sociedad argentina hacerse cargo de eso a través de un criterio de solidaridad. Y lo que dice la norma es que todos los poderes del Estado somos responsables del cuidado del erario, todos somos responsables de las cuentas fiscales. Esto significa que a la hora de tomar decisiones no sólo deben tenerse en cuenta las cuestiones particulares, sino fundamentalmente las cuestiones del colectivo. No puede haber desprecio de nadie por el cuidado de la cosa pública. Nosotros estamos orgullosos de una política previsional que vuelve a normalizarse. Vamos a seguir pagando sentencias como corresponde. Ahora bien, no desconocemos que detrás de esto hay intereses, hay maniobras que abusan sobre los jubilados, hay intereses en favor de determinados privilegios, y cierto accionar de la Justicia que no entiende que tiene que ser imparcial y dictar justicia y no actuar en favor de determinados intereses.

–¿Qué intereses?

–Antes hablábamos de la plata de los jubilados, que en realidad es la plata de los argentinos que sustenta el sistema de seguridad social. A mí me gustaría que haya autocrítica en este sentido, porque hace cinco años nadie hablaba de la plata de los jubilados. Por qué, porque invertían en las acciones del Grupo Clarín. Esa fue una de las peores inversiones que han tenido los trabajadores. Las AFJP hace cuatro años desembolsaron 750 millones de pesos y hoy esas acciones valen 230 millones. Si se hubiera hecho un plazo fijo, que es la inversión más conservadora, hoy tendríamos 1200 millones. Hay intereses y a partir de esos intereses hay desinformación. No recuerdo un gerente de las AFJP yendo al Congreso a explicar dónde iba “la plata de los jubilados”. Nadie les pedía explicaciones a las AFJP. Como hubo un cambio de paradigma, y como se ha demostrado que se puede, eso genera resistencias.

–La Anses denunció a jueces por fallos injustificables, que derivaron en sanciones de la propia Corte Suprema.

–Hace poco hubo un congreso de abogados previsionalistas en el interior del país. El eje central fue que se les termina el negocio previsional y que tienen que encontrar la veta para volverle a hacer juicios al Estado. La Argentina viene de una crisis notable, del infierno al purgatorio, empezamos a normalizar y a resolver los problemas. Hay un proceso de menos a más donde las cosas se van corrigiendo. Lo previo fue reconstruir un Estado que estaba destruido. Ahora bien, nosotros a lo que apostamos es a que esto sea constante en el tiempo. Tenemos que pagar las jubilaciones hoy y siempre.

–¿El Gobierno estudia ampliar los plazos de la moratoria o algún proyecto de jubilación anticipada?

–Todavía hoy gran parte de los nuevos jubilados, casi el 50 por ciento, siguen siendo a través de la moratoria. Evidentemente el transcurso del tiempo atenta contra la posibilidad de utilizar esa herramienta, pero hoy sigue siendo un porcentaje importante y no está en estudio hacer cambios.