Desde San Miguel de Tucumán

Será por la tarde. Luego de diez meses de debate oral, más de 100 testigos y 85 audiencias, hoy la Sala II de la Cámara Penal tucumana dictará sentencia en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Antes, por la mañana, en un tribunal sometido a un estricto operativo de seguridad, será el turno para que los jueces escuchen las últimas palabras de los únicos cuatro imputados a quienes resta hacer uso de esa posibilidad: Irma “Mamá Lili” Medina, sus hijos, los mellizos José “Chenga” Gómez y Gonzalo “Chenguita” Gómez, y María Azucena “Doña Claudia” Márquez. Para ellos, como para los otros nueve imputados, la fiscalía y la querella pidieron penas de entre 26 y 12 años y medio de prisión, de acuerdo con las responsabilidades adjudicadas –por testigos e indicios– en el secuestro y posterior promoción de la prostitución de María de los Angeles Verón. Durante la audiencia de hoy, Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida, estará presente y acompañada en la sala por funcionarios del gobierno nacional, legisladores nacionales y referentes de ONG de todo el país. No estará Micaela, la hija de Verón, a quien el tribunal no permite ingresar en la sala por ser menor de edad. Marita, la estudiante a quien su familia vio por última vez el 3 de abril de 2002 y cuyo paradero todavía es desconocido, cumple 34 años este viernes.

En sintonía con las acusaciones de fiscalía y querella, los pedidos de condenas a los 13 imputados señalan e iluminan las responsabilidades en cadena que construyen el camino de una red de trata. Pero no sólo eso deberá resolver el tribunal: la querella, en su alegato, además había pedido que la investigación por el secuestro de Marita fuera reabierta incluyendo al ex gobernador tucumano Julio Miranda. También, que bajo la lupa fueran puestos quien fuera subsecretario de Seguridad, el comisario Julio Díaz; cinco policías; el ex secretario de la fiscalía que instruyó la investigación, Ernesto Baaclini; el ex juez riojano Daniel Moreno, y Rubén “La Chancha” Ale, ex dirigente del fútbol local vinculado con la mayoría de los imputados, ex marido de una de las principales acusadas de la causa y cabecilla de un mundo tan poderoso que –dijo uno de los abogados de la querella– “el gobernador Julio Miranda era su empleado”.

Ayer por la tarde, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano se encontraban deliberando en la sala reservada de los tribunales, donde hoy se concentrará la máxima atención del sistema judicial, al menos provincial. Aunque esta mañana la actividad de los tribunales, a excepción de lo que depare el operativo de seguridad, será normal, por la tarde fue decretado asueto: todo trajín en el edificio estará abocado a la audiencia vespertina del juicio por Marita. Dentro de tribunales se encargarán 50 oficiales de policía; una cuadra a la redonda el tránsito será cortado con vallas; al caer la tarde, los imputados, sus abogados y familiares ingresarán por la puerta cercana a la alcaidía; la querella, el público y la prensa, por otra. Fuentes judiciales señalaban ayer que muy probablemente los jueces desdoblen la sentencia: hoy por la tarde darían a conocer el veredicto y dejarían para el día siguiente los argumentos, que se presumen frondosos, por la extensión misma del juicio, porque hay trece imputados y porque, además de querella y defensas, el tribunal debe evaluar la instancia de la acción civil. De momento, son corrillos. Lo único cierto es que, como explicaron fuentes judiciales a este diario, terminada la instancia de las últimas palabras, “a la siesta, se desaloja para que los jueces deliberen”. Toda la audiencia, en sus dos turnos, podrá seguirse por Internet en transmisión simultánea realizada por el Poder Judicial, en las webs cij.gov.ar y jus tucuman.gov.ar. Las presencias confirmadas para hoy demuestran que la resolución del caso que visibilizó la existencia de redes de trata de personas para explotación sexual despierta interés en un amplio espectro social y político. Entre los acreditados, ayer ya se encontraban el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; Miriam Medina, en representación de las Madres del Dolor; la coordinadora del Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti; diputados nacionales como Victoria Donda (FAP), Horacio Pietragalla (FpV) y Stella Maris Córdoba (PP); la legisladora porteña María Elena Naddeo, el legislador tucumano Oscar Salim y la concejal rosarina María Schmuk. También aseguraron su presencia funcionarios de Derechos Humanos de Salta, La Rioja y Tucumán.

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