En medio de la crisis, los sindicatos protestaron ayer por las políticas de recortes aplicadas por el gobierno español y reiteraron su pedido de un referéndum para que los ciudadanos opinen sobre los ajustes. Las concentraciones se produjeron frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y ante las delegaciones y subdelegaciones de gobierno de otras localidades.

En la capital de España, los sindicatos CCOO y UGT encabezaron la movilización y no descartaron una huelga general antes de fin de año, al tiempo que defendieron la renovación de la ayuda de 400 euros a desempleados sin prestación. El responsable de comunicación de CCOO, Francisco Naranjo, declaró que las centrales mantendrán durante todo el mes de agosto reivindicaciones similares a la de ayer, que reunió a cientos de personas ante la sede ministerial, y que será el anticipo de la gran marcha a Madrid que llegará a la capital el 15 de septiembre. Esta marcha reivindica que el gobierno haga un referéndum para que los ciudadanos “avalen o no la política del señor (Mariano) Rajoy”, ya que es totalmente distinta a la que llevaba en su campaña electoral. Desde UGT, el responsable de la Federación de Servicios Públicos, Macario Esteban, tampoco descartó una nueva convocatoria de huelga general, pero expresó que, de producirse, sería el gobierno “el que la convoca” con sus medidas.

Fue en Barcelona donde la UGT alertó sobre la situación de unos 10 mil empleados públicos que, según el sindicato, tienen su puesto de trabajo en el aire en Cataluña como consecuencia del nuevo reglamento que prepara el gobierno para facilitar los despidos colectivos en la administración, empresas y entes públicos. Una treintena de sindicalistas se concentró frente a la Delegación del gobierno en Cataluña para denunciar los nuevos recortes que afectan a los ciudadanos y, muy especialmente, a los trabajadores públicos. Asimismo, cientos de funcionarios se reunieron ante diversas sedes gubernamentales de Castilla y León para protestar contra el gobierno nacional y regional por los recortes a los empleados y servicios públicos. Una protesta numerosa se produjo en Valladolid, cuando 400 empleados públicos se manifestaron ante la sede de la Delegación del gobierno en Castilla y León, donde además recordaron a los manifestantes que el 27 de julio fueron atropellados por un vehículo cuando participaban en una protesta en el mismo lugar de ayer, aunque no sufrieron heridas de gravedad.

La movilización también llegó a Galicia, donde aproximadamente 2500 personas concurrieron a las concentraciones convocadas por las centrales sindicales para protestar contra los recortes. Bajo el lema “No al saqueo”, y con corte de tránsito incluido, en La Coruña alrededor de 300 personas se manifestaron frente a la Delegación del Gobierno en Galicia. El responsable de UGT en La Coruña, Xosé Carrillo, insistió en que las protestas de este mes son un paso previo a las movilizaciones previstas para septiembre, especialmente tras la propuesta del Banco Central Europeo (BCE) de bajar los salarios en España.

Cerca de Galicia, la UGT, CCOO y USO de La Rioja reiteraron la necesidad de someter a referéndum las políticas de ajuste del gobierno, según indicaron sus representantes en la concentración que protagonizan cada viernes frente a la Delegación del Gobierno. En dicha concentración, los asistentes expresaron su desacuerdo con las últimas medidas ejecutadas por el Ejecutivo, y han exigido que sean rectificadas. Por otra parte, alrededor de un centenar de personas ha acudido a la concentración convocada por la Cumbre Social de Cantabria frente a la Delegación del Gobierno en Santander, para protestar contra los ajustes propuestos por el Ejecutivo.

El descontento social fue parte del panorama que retrató la jornada de ayer en el país ibérico. A nivel económico, y tras la apertura de los mercados, la prima de riesgo de los bonos españoles a diez años alcanzó los 550 puntos básicos. En tanto, la rentabilidad de los papeles españoles era de 6,914 por ciento, indicó la agencia de noticias Europa Press.