Sergio Schoklender quiere correr al juez Norberto Oyarbide de la causa sobre los fondos destinados a la construcción de viviendas sociales por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Por eso planteó que hay otro magistrado, Marcelo Martínez de Giorgi, que desde antes está investigando lo mismo, y que no se lo puede juzgar dos veces por iguales hechos, de modo que los expedientes –alegó– deberían unificarse. Así lo sostuvo en presentaciones que hizo ante ambos juzgados y que lo más probable es que termine resolviendo la Cámara Federal. En el caso ya interviene la Sala I de ese tribunal, que ayer le ordenó a Oyarbide que admita como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado.

Según el ex apoderado de las Madres, la superposición de las dos causas –que por ahora corren paralelas– habría quedado en evidencia con el peritaje que ordenó Oyarbide el 22 de septiembre, donde les encomienda a los peritos de la Corte Suprema y a ingenieros de la Universidad de Buenos Aires que analicen el estado de las obras de Sueños Compartidos en todo el país, los materiales utilizados, si los adelantos de fondos se corresponden con los avances de obra y si los costos se condicen con los valores de mercado. En la causa a cargo del juez subrogante Martínez de Giorgi, un estudio muy similar inició esta semana la Auditoría General de la Nación, con el objetivo de determinar si hubo irregularidades que ameriten una causa penal.

En tribunales interpretan como que Schoklender fracasó en su estrategia de insistir para que Oyarbide lo indague cuanto antes, con las pruebas que recolectó hasta el momento, estaría optando ahora por buscar un camino que empantane la causa y la termine dilatando más tiempo todavía. Lo que le dijo el ex apoderado de Madres a Página/12 es que “la investigación de Martínez de Giorgi empezó por los hechos en lugar de las personas, pero Oyarbide usó el camino inverso”. En efecto, Schoklender casi no figura aún en la causa que sigue el juez Martínez de Giorgi, donde el foco está en los funcionarios denunciados (los ministros Julio De Vido y Aníbal Fernández) y la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aunque ninguno está imputado formalmente por ahora. En el expediente que lleva Oyarbide, Sergio Schoklender y su hermano Pablo son los principales imputados, junto con un grupo de personas de su entorno, algunos ligados a la Fundación, otros empresarios y financistas. El mayor de los hermanos incluso quedó complicado por una pericia caligráfica de Gendarmería, que estableció que era falsa una firma de Hebe de Bonafini en un contrato en que la Fundación le adjudicaba a la empresa Meldorek (propiedad de Sergio) la construcción de casas en todo el país con un pago inmediato de 2 millones de pesos.

Los delitos que investiga cada juez son diferentes también: el primero está concentrado en dilucidar si hay datos que hagan suponer que hubo una administración fraudulenta con dinero del Plan Federal de Viviendas y si fallaron los controles desde el gobierno nacional; el segundo, que ya allanó todo lo que encontró que tuviera relación con los Schoklender y su entorno, apunta al lavado de dinero y la defraudación, aunque también trascendió que la fiscalía de Jorge Di Lello analiza imputarles asociación ilícita, un delito más grave aún. Di Lello está trabajando en el llamado a indagatoria de varios imputados, aunque es improbable que la citación se concrete hasta el mes próximo. De todos modos, además del peritaje de las obras hay otro en marcha sobre la ruta del dinero que salió de las arcas públicas, para determinar si efectivamente se usó en las obras o fue desviado, como se presume, para beneficio de los Schoklender y otras personas.

En el planteo ante Oyarbide reclamando su inhibición, Schoklender dice que “nadie puede ser juzgado por los mismos hechos dos veces” y que eso “podría derivar en soluciones contradictorias”. Algo similar sostuvo ante Martínez de Giorgi. Ambos magistrados tendrán que pronunciarse sobre la unificación de las causas. Todo hace pensar que dirán que es prematuro definirlo en esta etapa de sus respectivas investigaciones, el ex apoderado seguramente apelará y tendrá que resolver la Cámara.

Ese tribunal definió ayer que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) puede asumir el papel de parte querellante en la causa contra los Schoklender. Oyarbide había rechazado esa posibilidad con el argumento de que el titular del organismo, José Sbatella, tiene una causa abierta por la supuesta demora en denunciar las operaciones sospechosas que precisamente dieron lugar la causa sobre la construcción de viviendas sociales a través de las Madres de Plaza de Mayo. Pero los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero sostuvieron que es la UIF –y no su titular– la que cumple la función de “lucha contra el lavado de activos”. Paradójicamente, es la lógica que usó Oyarbide al aceptar a Madres de Plaza de Mayo –como institución– como querellante en la causa, independientemente de la presunta responsabilidad de sus autoridades.