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La Policía de Investigaciones de Chile detuvo ayer al mediodía en la casa de un abogado amigo al coronel retirado Alejandro Duret, condenado a quince años de prisión en la Argentina por el secuestro, tortura y desaparición de Carlos Alberto Labolita, compañero de la facultad de Néstor Kirchner. A las cinco de la tarde, el represor fue trasladado al cruce fronterizo del Cristo Redentor donde fue entregado a la Gendarmería. Pasó la noche en la Unidad 32 de los tribunales mendocinos. El juez federal Carlos Rozanski pidió un lugar en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, donde será alojado para cumplir la pena. El coronel había cruzado la cordillera por Mendoza un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución.

No hubo necesidad de tramitar un pedido de extradición. El intendente de la VII Región de Chile, Rodrigo Galilea, firmó la orden de expulsión de Duret anteayer. Página/12 publicó el sábado pasado que el coronel había cruzado a Chile y curiosamente no había regresado con su ex compañero del arma de Artillería, el coronel Héctor Osvaldo Miranda. En medios diplomáticos estimaban que el gobierno de Sebastián Piñera optó por resolver rápido el tema y lo diferenciaron de la situación del ex camarista mendocino Otilio Romano, quien también huyó a Chile: “Romano está apenas suspendido por el Consejo de la Magistratura. Duret, en cambio, está condenado por delitos de lesa humanidad”.

Los registros de Migración indicaron que Duret viajó en un Peugeot 206, patente EVC743 junto con Miranda y su esposa, Ana María Groppa, quienes regresaron a Mendoza en un par de horas. Miranda es socio de otro artillero, Francisco Casares, en la empresa de seguridad Kustos. Casares es el director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de San Luis. El entramado de vinculaciones que alimentaron las sospechas sobre cómo se enteró Duret de su inminente detención se completa con que Casares es el cuñado del ex jefe de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Montero, pasado a retiro por la ex ministra de Defensa Nilda Garré, acusado de operar en su contra.

El fiscal Daniel Adler advirtió que Duret se había ido del país y pidió de inmediato su detención. Una cuestión burocrática retrasó la ejecución del pedido. En el Tribunal que debía firmar la orden sólo estaba Rozanski ya que los otros dos integrantes del tribunal, Nelson Jarazzo y Alejandro Esmoris, tuvieron un accidente y pidieron licencia. Ante el pedido urgente de reemplazantes realizado por Rozanski, Casación designó dos jueces subrogantes. Finalmente ayer el propio Rozanski y Lidia Soto emitieron la orden lo cual le permitió a la Gendarmería recibir de manos de la policía chilena al represor expulsado.

Duret ya había viajado a Chile a mediados de septiembre. Su hijo Alejandro es instructor de esquí en Portillo y esta vez pasó a visitarlo antes de recalar en la casa de su abogado amigo, donde fue detenido.

El horror

Labolita era un militante de la Juventud Peronista que estudiaba en La Universidad Nacional de La Plata. Compartió la pensión con Néstor Kirchner y más de un grupo de estudio con Cristina Fernández. La redada militar-policial que dejaba el tendal de víctimas entre la militancia apenas instaurada la dictadura convenció a Labolita y su compañera, Gladis, de volver a su pueblo, Las Flores. Los estaban siguiendo: a él lo detuvieron primero legalmente y lo convirtieron en secuestrado apenas lo trasladaron a Azul, regimiento donde actuaba el por entonces joven oficial Duret. La madre de Labolita y la propia Gladis, sobreviviente de aquel horror, identificaron a Duret como uno de los militares que actuaron en el operativo de secuestro. En el libro La Presidenta, de Sandra Russo, Gladis recordó que cuando la secuestraron a ella lo llevaron a él para que lo viera masacrado por la tortura.

En un fallo sin precedentes, los jueces Jarazzo y Esmoris desestimaron el testimonio de la madre de Labolita y absolvieron a Duret. Lo definieron como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor del Regimiento y prescindieron de los testimonios de los policías que entregaron a la víctima en Azul, por considerarlos potenciales imputados.

En el tribunal todavía recuerdan que en la primera hilera de la sala de audiencias la esposa de Duret departía con la esposa del juez Jarazzo. Mientras uno de los abogados del represor Eduardo Sinforiano San Emetero, ex chofer del general Otto Paladino y ex agente de la SIDE durante la dictadura, se regodeaba con la resolución del tribunal.

Ese fallo de agosto de 2009, apenas semanas después de que el kirchnerismo perdiera las elecciones legislativas, fue apelado. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribieron los fiscales Daniel Adler y Horacio Azzolín. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizaron.

El lunes pasado, Casación, en una decisión histórica, revocó la absolución del represor. Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos destacaron la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron “competencia positiva” en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Jaranzo y Esmoris lo dejaron en libertad.

Condenado ahora a 15 años de prisión, Duret pasó la noche en la Unidad 32 de los Tribunales Federales de Mendoza. La Gendarmería custodiará su traslado hasta el penal de Marcos Paz. Seguramente allí, en el pabellón de lesa humanidad, el coronel de 59 años encontrará un auditorio fiel para desarrollar la tesis que lo obsesionó durante su alegato en el juicio: sentenció que nada de lo que pasó en los ’70 hubiera pasado si Marx no hubiera escrito El Capital, y se quejó porque lo estaban condenando con el Código Penal del enemigo.