Luego de la excarcelación del dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, su ex vocero Leonardo Portorreal y de los también detenidos Rodrigo Peláez y Angel Hernán Akson, el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, que está a cargo de la causa en la que se investiga el descarrilamiento del ex ferrocarril Sarmiento y el incendio de catorce vagones en mayo de este año, corrió a la Policía Federal de la investigación, solicitando a la Secretaría de Inteligencia (SI) su intervención exclusiva. Además, a raíz de la audiencia en la que, según Yalj, Sobrero “dio explicaciones atendibles”, el juez realizó varios pedidos de prueba. Solicitó informes a la empresa TBA acerca de los responsables del mantenimiento de los rieles, los mecanismos de cobro de subsidios y la constancia de baja de la empresa de Portorreal, de quien Sobrero aseguró que había dejado su puesto en el 2007 para dedicarse a la docencia. Como consecuencia con esto último, Yalj consultó a la escuela donde Portorreal dijo que trabaja para saber si lo sigue haciendo y si se encontraba allí cuando se produjo el incendio.

La definición de separar a la Federal y dejar en manos de la SI la investigación se dio un día después de que el propio juez cuestionara su trabajo en la causa. El martes, Yalj se refirió a las “infelices tareas de inteligencia” realizadas por la policía, que en lugar de llevar a Akson implicado en la causa, a quien identificaron a través de los videos captados el día de los incidentes, había detenido primero a su hermano. Aunque esas actividades fueron realizadas por la Policía Federal, allegados a la causa explicaron que la visualización de videos fue una tarea desarrollada por la SI.

Sin embargo, al no estar conforme con los informes de la Federal, el juez definió separarla de la investigación: “Dése intervención exclusiva, a fin de que continúe con las tareas investigativas relativas a la presente causa, a la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación”, ordenó, y llamó al director de esa secretaría, Héctor Icazuriaga, a presentarse personalmente ante el juzgado para conocer el rumbo de la causa.

Si bien dictaminó que la investigación fuera competencia “exclusiva” de la SI, Yalj solicitó al Departamento de Operaciones Federales, a cargo de las divisiones de investigación de la Policía –como Delitos Complejos y Drogas Peligrosas, por ejemplo–, que eleve con carácter de “muy urgente” las actuaciones que se encuentran pendientes por parte de esa fuerza.

Sobre la base de las declaraciones de Sobrero y Portorreal realizadas el lunes, Yalj ordenó varias medidas de prueba.

En su indagatoria, Sobrero negó que el descarrilamiento del tren, que luego derivó en la quema de vagones, hubiese sido intencional, y consideró que se produjo por la falta de mantenimiento de las vías y las señales, que datan de 1912 y 1925, y que había hecho denuncias por su mal estado. En consideración a esas afirmaciones, Yalj le pidió a TBA que informe, puntualmente, quiénes son los responsables de los tendidos férreos y del mantenimiento y suministros; también consultó acerca de si se presentaron denuncias por parte de los sindicatos sobre deficiencias en los materiales que puedan interferir en el normal funcionamiento del servicio.

“Los trabajadores no quemamos trenes. ¿A quién beneficia la quema de los trenes? Las empresas cobran por las reparaciones dinero del Estado, aunque nadie lo sepa”, dijo el lunes Sobrero. A partir de esas declaraciones, Yalj le solicitó a la empresa el esquema de subsidios destinados a las reparaciones y preguntó quién o quiénes son los encargados de administrar esos fondos.

Como consecuencia de la confusión entre el Akson implicado en la causa y su hermano, el juez le preguntó a TBA si en sus andenes hay cámaras de seguridad y solicitó que, en caso de que así sea, le mande los videos de todas las estaciones correspondientes al 2 y al 3 de mayo.

En el juzgado, Leonardo Portorreal dijo que en mayo, cuando se quemaron los trenes, él ya no pertenecía al gremio ferroviario porque dejó su trabajo en TBA para ser maestro. Por lo tanto, el juez le pidió a la Escuela 13 de Virrey del Pino que le informe si el ex vocero de la lista Bordó estaba allí el día de los incendios. En el mismo sentido, consultó con TBA la fecha en la que dejó de trabajar allí. El objetivo de estas medidas es llegar a un careo de Portorreal con Alan Skrobacki, el acusado que dijo que “un tal Leo” le ofreció quemar los trenes a cambio de 600 pesos, mientras se comunicaba por handy con Sobrero y lo mantenía al tanto del arreglo. Esa acusación contrastó con las declaraciones tanto de Sobrero como de Portorreal, quienes aseguraron no sólo que el último ya no estaba en el gremio en mayo, sino también que los ferroviarios dejaron de usar handy en el año 2004.