La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se reunió ayer en el salón Eva Perón del Senado.
Imagen: Télam.

El Frente para la Victoria avanzó ayer en la ratificación parlamentaria de la intervención de Repsol YPF, decretada por la presidenta Cristina Fernández el lunes pasado. En la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialismo consiguió las firmas para emitir dictamen de mayoría y llevar el decreto para ser aprobado en el recinto. En la reunión también se dictaminó sobre la intervención de la empresa YPF Gas, que fue incorporada el miércoles para su expropiación. Desde la oposición, encabezó la resistencia el radicalismo que cuestionó la elección del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como interventor y presentó un dictamen de minoría en el que consideraron “innecesaria”, “inconstitucional” y “manifiestamente ilegal” la medida del Ejecutivo. El peronismo disidente acompañó la propuesta radical.

Al inicio de la reunión realizada en el salón Eva Perón del Senado, el presidente de la comisión bicameral, el diputado kirchnerista Jorge Landau, describió los objetivos del DNU, aseguró que “las formalidades han sido observadas” y destacó que la intervención “tiene un carácter transitorio”. La medida fue establecida por 30 días, plazo que el Poder Ejecutivo estimó prudente para la sanción de la ley de expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera.

El jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, remarcó que la ratificación del DNU por parte del Congreso constituye “una señal fundamental para darle fundamento a una decisión política” como la expropiación de YPF y además pidió que “más allá de las diferencias y objeciones” el Parlamento envíe un mensaje de “gran responsabilidad” ante una medida que tuvo repercusiones a nivel internacional.

Las palabras del senador oficialista no tuvieron demasiado eco en la oposición que, a diferencia del proyecto de expropiación, se opuso terminantemente a la intervención de la compañía. Los que comandaron la resistencia fueron los radicales, en cabeza del diputado Juan Pedro Tunessi. Si bien Tune-ssi ratificó que acompañarán la nacionalización de YPF, en sintonía con la postura histórica de la UCR, consideró que “la Constitución Nacional no acepta la confiscación, no acepta el atropello” contra una empresa privada. “Se genera un clima de incertidumbre sobre la seguridad jurídica, que no es un bien de la derecha, sino de un país serio y responsable”, argumentó el diputado alfonsinista. Para los radicales, el decreto no era necesario, ya que el Gobierno la podría haber obtenido por una orden judicial “en 48 o 72 horas”.

Fue la diputada kirchnerista Diana Conti quien les salió al cruce. Conti les reprochó que calificaran de “inconstitucional” las medidas que “no les gustan” y les recordó que en esa categoría entrarían el corralito y el recorte del 13 por ciento de las jubilaciones que se dispuso durante el gobierno de Fernando de la Rúa: “Fue una confiscación sin ley”, disparó.

Además de las cuestiones formales, la UCR cargó también contra la figura de Julio De Vido, designado como interventor de la empresa. “No podemos poner a quien le mintió al pueblo argentino”, arremetió Tunessi, en referencia a la existencia de una crisis energética.

Fue el jefe del bloque del FpV en Diputados, Agustín Rossi, quien se encargó de rechazar las críticas sobre el ministro de Planificación Federal: “Lo sorprendente hubiese sido que ponga al ministro de Salud”, ironizó Rossi y aclaró que la Presidenta decidió ponerlo al frente de la empresa ya que se trata del “funcionario del área de mayor envergadura”.

A pesar de que contaron con el apoyo del peronismo disidente, expresado por el diputado Enrique Thomas, la oposición no logró imponer su posición y presentó un dictamen de minoría.