El primer juicio por amenazas en el marco de los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura tuvo ayer su sentencia. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a cinco años de prisión al ex agente civil de inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil, por amenazar a investigadores y testigos en una causa por los crímenes del terrorismo de Estado. Los jueces María Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango entendieron que cometió los delitos de “amenazas y coacción agravada” a través de correos electrónicos que envió al fiscal José Ignacio Candioti entre abril y junio de 2009. En los mails que enviaba con la firma de una organización llamada La Hermandad le advertía a Candioti que los iba a ejecutar a él y a sus hijos, de quienes decía saber sus movimientos y a qué colegio iban, si no dejaba de investigar las causas por delitos de lesa humanidad –como informó Página/12 en su edición de ayer–.

Ex integrante de la guardia rural Los Pumas de la policía de Santa Fe –una fuerza creada para combatir el abigeato, pero que terminó reprimiendo las luchas obreras–, Gil también amenazó a testigos e integrantes de organismos de derechos humanos. En esos correos daba cuenta del conocimiento que tenía de la causa 50 en la que Candioti, actual fiscal de Entre Ríos, investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la Base Aérea de Reconquista y la Policía Departamental, ya que reflejaba con información precisa su contenido y avances. En el juicio quedó acreditado que los datos los obtenía de la mujer de uno de los represores acusados.

Tras la denuncia de Raúl Borsatti, ex preso político amenazado, integrante de la agrupación Norte Amplio por los Derechos Humanos, y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la investigación determinó que Gil había creado esa cuenta de correo electrónico desde un cibercafé de Reconquista, y luego la operó tanto desde allí como desde su casa para enviar los mensajes intimidatorios. Cuando fue detenido en 2009 en su vivienda encontraron copias de la causa, declaraciones de testigos en otros expedientes de lesa humanidad, listados de personas detenidas en 1976, literatura nazi, un manual de secuestros, pornografía infantil y armas de guerra. El fiscal Martín Suárez Faisal, que lo definió como un “nostálgico del terrorismo de Estado”, había pedido una pena de ocho años de prisión, mientras que la querella había reclamado trece.

Durante la indagatoria, Gil acusó a fiscales federales y policías de inventar la causa, pero las pruebas documentales mediante la vía informática fueron determinantes para su condena, que se convierte en la primera del país donde una amenaza de este tipo es considerada como una prueba contundente para llegar a juicio. “Aunque personalmente esperaba entre seis y ocho años de prisión, es positivo que hayan condenado a este personaje, que de todos los represores que están detenidos en el norte de la provincia es el más peligroso por su concepción y formación”, dijo Borsatti. Y agregó que la condena “es un mensaje a la sociedad” y “da fuerzas para la otra causa”, en referencia a la denominada causa 50 Base Aérea Reconquista. Borsatti vinculó a Gil con la represión ilegal de la dictadura y citó al mismo ex policía, que en el transcurso del juicio “en un momento confiesa que estaba realizando tareas de inteligencia en el ámbito del personal del grupo (económico) Vicentín”, en 1976.

Centenares son las amenazas y diversas formas de intimidaciones que vienen sufriendo sobrevivientes, familiares, testigos, abogados y funcionarios judiciales tras la reapertura de los juicios, con la desaparición del testigo Jorge Julio López como punto máximo de estos intentos de condicionar el avance de estos procesos. Las víctimas hacen la denuncia con pocas esperanzas de que alguna vez se esclarezcan. Esta vez se logró.